Todo lo contrario: intimidaba a los alcaldes de los municipios que pasan sed para que desoyeran a los ciudadanos que exig\u00edan consultas populares para proteger las fuentes de agua. <\/p>\n
Hace cerca de un mes, cuando en Paz de Ariporo los chig\u00fciros comenzaban a extinguirse, el alcalde recib\u00eda una advertencia de la Procuradur\u00eda: o desist\u00eda de convocar a la consulta que ped\u00edan los lugare\u00f1os preocupados por los efectos del petr\u00f3leo sobre el agua, o se arriesgaba a una investigaci\u00f3n disciplinaria que podr\u00eda terminar en destituci\u00f3n. Lo mismo le pas\u00f3 al alcalde de Tauramena por una consulta que organiz\u00f3 en diciembre, en la que ganaron los defensores del agua. Tambi\u00e9n al de Yopal, que completa tres a\u00f1os sin el l\u00edquido. Y a los de Monterrey, Recetor, Nunch\u00eda, Aguazul y Hato Corozal, que est\u00e1n pensando en consultas similares. <\/p>\n
Si quedaba duda sobre la nueva cruzada de Ord\u00f3\u00f1ez, contra los defensores del agua y el medio ambiente, la semana pasada la Procuradur\u00eda pas\u00f3 del dicho al hecho al abrir investigaci\u00f3n preliminar contra el alcalde de Piedras (Tolima), el primer municipio que vot\u00f3 contra la contaminaci\u00f3n del agua por la miner\u00eda de oro. Como se recordar\u00e1, 99% de los piedrunos que participaron en la consulta de julio pasado se opusieron a que se use el agua de los arrozales para construir una laguna con los escombros y el cianuro que vendr\u00edan de la mina de oro a cielo abierto que AngloGold planea explotar en Cajamarca. Por eso se movilizaron de nuevo este fin de semana, en solidaridad con su mandatario local. <\/p>\n
Sancionar a los alcaldes por proteger el derecho al agua ser\u00eda tan arbitrario e ilegal como lo fue destituir a Alonso Salazar por proteger los derechos de las mujeres. Igual que en el proceso contra el exalcalde de Medell\u00edn, implicar\u00eda ignorar decisiones de la Corte Constitucional \u2014en este caso, la reciente sentencia que reitera la facultad constitucional de los alcaldes y los consejos municipales de regular el uso del agua y el suelo de sus territorios (fallo C-123 de 2014)\u2014. <\/p>\n
Los recursos del subsuelo son propiedad del Estado nacional y su regulaci\u00f3n compete al gobierno central. Pero en la pr\u00e1ctica la miner\u00eda afecta tanto el suelo como el subsuelo, el agua tanto como el oro y el petr\u00f3leo. Por eso la Corte orden\u00f3 que, antes de autorizar proyectos petroleros o mineros, el Gobierno \u201cdeber\u00e1 dar la oportunidad a las entidades municipales o distritales involucradas de participar activa y eficazmente en dicho proceso, mediante acuerdos sobre la protecci\u00f3n de cuencas h\u00eddricas y la salubridad de la poblaci\u00f3n, as\u00ed como del desarrollo econ\u00f3mico, social y cultural de sus comunidades\u201d. <\/p>\n
De modo que no basta con escuchar a las autoridades locales, sino que es preciso llegar a acuerdos con ellas, como lo coment\u00e9 en otra columna. Esas autoridades, a la vez, deben escuchar a los ciudadanos que piden consultas para decidir democr\u00e1ticamente la suerte del agua y el suelo. Y tienen el deber constitucional de obedecer el resultado de la consulta, si logra la votaci\u00f3n requerida por la ley. <\/p>\n
Todo eso hizo el alcalde de Piedras; no por cuenta propia, sino siguiendo el proceso estipulado en la ley, que incluy\u00f3 el aval del Tribunal Administrativo de Tolima a la pregunta de la consulta. Lo mismo est\u00e1n haciendo los mandatarios de los secos rincones de Casanare. Hasta que la Procuradur\u00eda los destituya por cumplir su deber.<\/p>\n