El Comit\u00e9 de Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas record\u00f3 recientemente que los Estados tienen la responsabilidad de asegurar la protecci\u00f3n de los defensores de derechos humanos. La contribuci\u00f3n de la sociedad civil es esencial para la promoci\u00f3n efectiva de los derechos humanos, gracias al rol que cumplen en el monitoreo y evaluaci\u00f3n de las distintas acciones estatales encaminadas en esa direcci\u00f3n. Es por eso que cualquier acto de amenaza o de violencia en contra de los defensores de derechos humanos debe considerarse una violaci\u00f3n de las obligaciones estatales consagradas en el Pacto Internacional de Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales. <\/p>\n
Los Estados deben adoptar, por lo menos, las siguientes medidas para garantizar el trabajo de la sociedad civil:<\/p>\n
1. Reconocer p\u00fablicamente la importancia y legitimidad del trabajo que hacen los defensores de derechos humanos y comprometerse a no tolerar ninguna amenaza o acto de violencia en su contra;<\/p>\n
2. Revocar las legislaciones y medidas que tienen como prop\u00f3sito penalizar u obstaculizar el trabajo de los defensores de derechos humanos;<\/p>\n
3. Fortalecer las instituciones estatales responsables de proteger el trabajo de los defensores de derechos humanos;<\/p>\n
4. Investigar y castigar cualquier forma de violencia o amenaza en contra de los defensores de derechos humanos;<\/p>\n
5. Implementar programas que cuenten con recursos suficientes y mecanismos de protecci\u00f3n adecuados para proteger a los defensores de derechos humanos en situaci\u00f3n de riesgo.<\/p>\n