{"id":33824,"date":"2017-03-27T00:00:00","date_gmt":"2017-03-27T05:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dejusticia.org\/popular-consultations-are-constitutional-binding-and-do-have-effects-on-mining-concessions\/"},"modified":"2017-03-27T00:00:00","modified_gmt":"2017-03-27T05:00:00","slug":"popular-consultations-are-constitutional-binding-and-do-have-effects-on-mining-concessions","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/develop.dejusticia.org\/en\/popular-consultations-are-constitutional-binding-and-do-have-effects-on-mining-concessions\/","title":{"rendered":"Popular consultations are constitutional, binding and do have effects on mining concessions"},"content":{"rendered":"

Precisiones sobre el alcance de la consulta popular y su impacto sobre los proyectos mineros en curso. <\/p>\n

1. La decisi\u00f3n que toma la ciudadan\u00eda en una consulta popular es vinculante y obligatoria(1) . La ley establece de forma  clara que si la votaci\u00f3n en la consulta supera el umbral (un tercio del censo) la decisi\u00f3n que obtenga la mitad m\u00e1s uno de los votos v\u00e1lidos debe respetarse y materializarse. Si se cumple con esos requisitos, el Concejo Municipal est\u00e1 obligado est\u00e1 obligado a tomar las medidas que se requieren para hacer efectiva la decisi\u00f3n del pueblo (2).<\/p>\n

Entonces, si el pueblo se manifiesta en contra de las actividades mineras, el Concejo Municipal (y en \u00faltima instancia el alcalde) est\u00e1 obligado a tomar las medidas necesarias para prohibir la miner\u00eda. <\/p>\n

2. La sentencia del 7 de diciembre del Consejo de Estado (que Anglogold ha mencionado repetidas veces durante esta semana) corresponde al fallo de primera instancia de una tutela en la cual se alegaba que la decisi\u00f3n del Tribunal Administrativo del Tolima que declar\u00f3 constitucional la consulta sobre miner\u00eda propuesta por el Alcalde de Ibagu\u00e9 vulneraba el derecho al trabajo, a la igualdad y al debido proceso  de los demandantes. No obstante, en la sentencia \u00fanicamente se analiz\u00f3 si la pregunta que fue declarada constitucional por el Tribunal vulneraba el derecho a la libertad de elecci\u00f3n de los demandantes. <\/p>\n

3. El alcance de la consulta popular no fue uno de los argumentos de los demandantes, ni  parte de la argumentaci\u00f3n que llev\u00f3 a amparar el derecho a la libertad de elecci\u00f3n. Fue un tema que, sin ser invocado por ninguna de la partes, el Consejo de Estado decidi\u00f3 incluir en la parte de motivaci\u00f3n de la sentencia.<\/div>\n
 <\/div>\n
4. No obstante, la discusi\u00f3n sobre el alcance de la consulta y el tema de los derechos de quienes tienen proyectos en curso, no tiene relaci\u00f3n alguna con la decisi\u00f3n final que se toma en la  sentencia. En otras palabras, la decisi\u00f3n final (amparar el derecho) est\u00e1 motivada por las consideraciones que hace el Consejo de Estado en torno a la pregunta y la secci\u00f3n que habla sobre el alcance de la consulta no tiene incidencia en la decisi\u00f3n final.<\/div>\n
 <\/div>\n
5. En esa medida, la secci\u00f3n que habla sobre el alcance de la consulta y la forma en que puede a llegar a afectar los proyectos en curso, constituye obiter dicta. Este concepto ha sido definido por la Corte Constitucional como \u201ctoda aquella reflexi\u00f3n adelantada por el juez al motivar su fallo, pero que no es necesaria a la decisi\u00f3n; [esto es, las] opiniones m\u00e1s o menos incidentales en la argumentaci\u00f3n del funcionario\u201d (Sentencia T-292 de 2006).<\/div>\n
 <\/div>\n
6. El obiter dicta se diferencia de la ratio decidendi porque no es vinculante. La ratio decidendi son aquellos argumentos utilizados por el juez que constituyen la base de la decisi\u00f3n final. Esta decisi\u00f3n (tambi\u00e9n conocida como decisium) y la ratio decidendi son vinculantes, y son fuente de derecho. Sin embargo, el obiter dicta o \u201clo que se dice de paso\u201d (3) no es vinculante y por ende no es una fuente de derecho (4).<\/div>\n
 <\/div>\n
7. En ese sentido, por un lado, no puede utilizarse esa secci\u00f3n de la jurisprudencia como si fuese una fuente reconocida de derecho, y como si la sentencia estuviera resolviendo sobre un asunto relacionado con los proyectos en curso.<\/div>\n
 <\/div>\n
8. Por otro lado, tambi\u00e9n debe recordarse que esta es una sentencia de primera instancia, que fue impugnada por las partes. En la sentencia de segunda instancia, que correspondi\u00f3 a la secci\u00f3n Quinta del Consejo de Estado, no se hizo menci\u00f3n alguna al tema del alcance de la consulta ni sobre su impacto sobre los proyecto en curso.<\/div>\n
 <\/div>\n
9. Finalmente, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han reconocido de forma clara que ni los contratos de concesi\u00f3n minera ni las licencias ambientales constituyen derechos adquiridos. El contrato de concesi\u00f3n o la licencia ambiental, son situaciones jur\u00eddicas que emanan del derecho p\u00fablico, y se ha entendido que estas situaciones \u201cson susceptibles de modificaciones en el futuro y aun de ser extinguidas por obra de la voluntad legislativa en aras del inter\u00e9s supremo de la colectividad y de sus necesidades inmanentes de progreso y equilibrio social\u201d . En esa medida, en esos casos especiales, la noci\u00f3n de derecho adquirido se diluye (6).<\/div>\n
 <\/div>\n
10. La Corte Constitucional se ha pronunciado espec\u00edficamente sobre los t\u00edtulos mineros al establecer lo siguiente: \u201cel contrato de concesi\u00f3n no le otorga al concesionario particular la titularidad sobre los bienes del subsuelo, que siguen siendo de propiedad estatal. La obligaci\u00f3n del Estado para con el concesionario se circunscribe a la entrega de una participaci\u00f3n en la explotaci\u00f3n del bien. Por lo tanto, la sola existencia de un contrato de concesi\u00f3n no impide al Estado limitar, condicionar o prohibir la actividad objeto de la concesi\u00f3n, cuando con ello se pretenda proteger un bien jur\u00eddico de mayor importancia constitucional.\u201d  (negrilla y subrayado fuera del texto). E igualmente ha dicho que el derecho al medio ambiente sano debe prevalecer sobre cualquier derecho o expectativa econ\u00f3mica que tengan los particulares (8).<\/div>\n
 <\/div>\n
11. Espec\u00edficamente frente a las licencias ambientales, el Consejo de Estado ha dicho que estas no constituyen derechos adquiridos pues \u201clos actos administrativos que confieren permisos, licencias, autorizaciones y similares, son actos provisionales, subordinados al inter\u00e9s p\u00fablico y, por lo tanto, a los cambios que se presenten en el ordenamiento jur\u00eddico respectivo.\u201d  La Corte, por su parte, ha dicho que \u201cel hecho de que el Estado haya otorgado una licencia ambiental para llevar a cabo una actividad extractiva no es \u00f3bice para que el mismo Estado proh\u00edba la realizaci\u00f3n de tal actividad, con posterioridad a su expedici\u00f3n\u201d .<\/div>\n
 <\/div>\n
12. En s\u00edntesis, no es v\u00e1lido afirmar, con base en una argumentaci\u00f3n que nada tiene que ver con la decisi\u00f3n final de una sentencia de tutela, que los proyectos mineros que est\u00e1n en curso no se podr\u00edan ver afectados por una consulta popular cuya finalidad es la protecci\u00f3n del medio ambiente. <\/div>\n
 <\/div>\n
____________<\/div>\n
\n
(1) Ley 134 de 1994. \u201cArt\u00edculo  8\u00ba.- Consulta popular. La consulta popular es la instituci\u00f3n mediante la cual, una pregunta de car\u00e1cter general sobre un asunto de trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital o local, es sometido por el Presidente de la Rep\u00fablica, el gobernador o el alcalde, seg\u00fan el caso, a consideraci\u00f3n del pueblo para que \u00e9ste se pronuncie formalmente al respecto.<\/div>\n
En todos los casos, la decisi\u00f3n del pueblo es obligatoria.\u201d<\/div>\n
Ley 1757 de 2015. \u201cArt\u00edculo 41. Car\u00e1cter de la decisi\u00f3n y requisitos. La decisi\u00f3n del pueblo ser\u00e1 obligatoria en todo mecanismo de participaci\u00f3n democr\u00e1tica cuando se cumpla con los siguientes requisitos: (\u2026)c). En la Consulta popular que la pregunta sometida al pueblo haya obtenido el voto afirmativo de la mitad m\u00e1s uno de los sufragios v\u00e1lidos, siempre y cuando haya participado no menos de la tercera parte de los electores que componen el respectivo censo electoral;\u201d<\/div>\n
(2) Ley 1757 de 2015. \u201cArt\u00edculo 42. Consecuencias de la aprobaci\u00f3n popular de un mecanismo de participaci\u00f3n ciudadana que requiere votaci\u00f3n. Los mecanismos de participaci\u00f3n ciudadana, que habiendo cumplido los requisitos contemplados en el art\u00edculo anterior, hayan sido aprobados tienen las siguientes consecuencias: (\u2026)c). Cuando el pueblo haya adoptado una decisi\u00f3n obligatoria en una consulta popular, el \u00f3rgano correspondiente deber\u00e1 adoptar las medidas para hacerla efectiva.<\/div>\n
Cuando para ello se requiera una ley, una ordenanza, un acuerdo o una resoluci\u00f3n local, la corporaci\u00f3n respectiva deber\u00e1 expedirla dentro del mismo per\u00edodo de sesiones o a m\u00e1s tardar en el per\u00edodo siguiente. Si vencido, este plazo el Congreso, la asamblea, el concejo o la junta administradora local, no la expidieren, el Presidente de la Rep\u00fablica, el gobernador, el alcalde dentro de los quince (15) d\u00edas siguientes la adoptar\u00e1 mediante decreto con fuerza de ley, ordenanza, acuerdo o resoluci\u00f3n local, seg\u00fan el caso. En esta circunstancia el plazo para hacer efectiva la decisi\u00f3n popular ser\u00e1 de dos meses.<\/div>\n
(3) Sentencia SU-1300 de 2001. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. Ver tambi\u00e9n entre otras,  las sentencias SU 047 de 1999 (MM.PP. Alejandro Mart\u00ednez Caballero y Carlos Gaviria D\u00edaz).<\/div>\n
(4) Sentencia SU-1219 de 2001. M.P. Manuel Jos\u00e9 Cepeda Espinosa.<\/div>\n
\n
(5) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci\u00f3n 4a., sentencia de marzo 20 de 1970. Consejero Ponente: Juan Hern\u00e1ndez S\u00e1enz.<\/div>\n
(6) Corte Constitucional. Sentencia T- 001 de 1992. Magistrado Ponente: Alejandro Mart\u00ednez Caballero.<\/div>\n
(7) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci\u00f3n 4a., sentencia 12 de agosto de 1999. Consejero Ponente: Doctor Juan Hern\u00e1ndez S\u00e1enz.<\/div>\n
(8) Corte Constitucional. Sentencia C-035 de 2016. Magistrado Ponente: Gloria Stella Ortiz Delgado.<\/div>\n
 <\/div>\n

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\u201cLo que est\u00e1 en juego aqu\u00ed es el agua, alternativas econ\u00f3micas como la agricultura, la protecci\u00f3n de los p\u00e1ramos, las buenas condiciones del pueblo, es decir, la miner\u00eda versus todas estas condiciones”, Diana Rodr\u00edguez jurista de Dejusticia. <\/p>\n

En ‘Consulta Popular en Cajamarca: Hoy se define el futuro ambiental del Tolima’<\/a>, de Ecosdelcombeima.com. (Foto de portada).<\/em><\/p>\n

“Tras analizar el caso, el Centro de Estudios Jur\u00eddicos y Sociales, Dejusticia, argumenta que el resultado debe ser vinculante porque, seg\u00fan ellos, la ley establece de forma clara que si la votaci\u00f3n supera el umbral (un tercio del censo) la decisi\u00f3n que obtenga la mitad m\u00e1s uno de los votos v\u00e1lidos debe respetarse y materializarse”.<\/p>\n

En ‘Consulta popular en Cajamarca, clave para el futuro de la miner\u00eda’<\/a>, de Eltiempo.com.co <\/p>\n

<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Read here our clarifications about the scope and binding nature of the consultation.<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":36387,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[1605],"tags":[2408],"class_list":["post-33824","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economic-justice","tag-mecanismos-de-consulta","subcategory-natural-resources","post-scope-aaa-not-blog","post-scope-national-en","post-scope-both-international-national"],"acf":[],"yoast_head":"\nPopular consultations are constitutional, binding and do have effects on mining concessions - Dejusticia<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" 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