{"id":40550,"date":"2017-11-08T18:34:28","date_gmt":"2017-11-08T23:34:28","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dejusticia.org\/guia-para-aclarar-rumores-sobre-el-acuerdo-de-paz\/"},"modified":"2017-11-14T10:01:34","modified_gmt":"2017-11-14T15:01:34","slug":"guia-para-aclarar-rumores-sobre-el-acuerdo-de-paz","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/develop.dejusticia.org\/en\/guia-para-aclarar-rumores-sobre-el-acuerdo-de-paz\/","title":{"rendered":"Guide to clarify rumors about the Peace Agreement"},"content":{"rendered":"

The implementation of the Peace Agreement has been surrounded by the misinterpretations of opinion leaders and politicians. The figures of illicit crops have been misrepresented, it has been said that 26 seats will be given to the Revolutionary Alternative Force of the Common in the Senate, that the ex-combatants will have 30 radio stations to spread political propaganda, that the ex-guerrillas who return to commit crimes will be protected by the Agreement and, even, that the implementation of the JEP is a strategy to persecute entrepreneurs. None of this is accurate. For this reason, Dejusticia considers it necessary to clarify, on the points that have generated controversy, what the Government and the ex-guerrilla of the FARC-EP really agreed on and how these commitments have been implemented.<\/p>\n

 <\/p>\n

Curules en el congreso<\/em><\/strong><\/p>\n

Se dice:<\/strong><\/p>\n

Que el partido pol\u00edtico Fuerza Alternativa Revolucionaria del Com\u00fan (Farc) contar\u00e1 con 16 puestos en la C\u00e1mara de Representantes (conocidas como Circunscripciones Especiales Transitorias para la Paz – CETP), adicionales a los 10 que se pactaron en el Acuerdo Final.<\/p>\n

Lo cierto:<\/strong><\/p>\n

El partido pol\u00edtico Farc\u00a0no contar\u00e1 con 16 curules en el Congreso adicionales a las 10 que tiene por derecho propio (cinco\u00a0en C\u00e1mara, cinco\u00a0en Senado). Las 16 curules adicionales en el Congreso, conocidas com Circunscripciones Especiales de Paz,\u00a0tienen como objetivo promover la inclusi\u00f3n y participaci\u00f3n pol\u00edtica de las regiones del pa\u00eds que han sido marginadas hist\u00f3ricamente. Por este motivo ning\u00fan partido pol\u00edtico, ni siquiera el de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Com\u00fan (Farc)\u00a0tiene permitido participar en esas elecciones.\u00a0Estas est\u00e1n destinadas para organizaciones sociales, de v\u00edctimas, entre otras.<\/p>\n

Narcotr\u00e1fico<\/em><\/strong><\/p>\n

Se dice:<\/strong><\/p>\n

Que\u00a0\u201caquellos guerrilleros que no dejen las armas y contin\u00faen involucrados en actividades de narcotr\u00e1fico a trav\u00e9s de disidencias\u00a0recibir\u00e1n los beneficios de la JEP\u201d<\/strong>\u00a0y que \u201clos casos de narcotr\u00e1fico cometidos antes de ese 1 de diciembre de 2016, \u00a0entrar\u00e1n autom\u00e1ticamente a la JEP\u201d.<\/strong><\/p>\n

Lo cierto:<\/strong><\/p>\n

Frente al primer punto, hay que entender que la Jurisdicci\u00f3n Especial para la Paz (JEP) fue dise\u00f1ada para juzgar los hechos y conductas cometidas\u00a0durante los a\u00f1os en que vivimos el conflicto armado<\/strong>\u00a0y hasta el\u00a01 de diciembre de 2016<\/strong>. En ese sentido, cualquier delito de narcotr\u00e1fico que se inicie despu\u00e9s de esa fecha, s\u00ed ser\u00e1 investigado, juzgado y sancionado,\u00a0pero no por la JEP sino por la justicia ordinaria colombiana<\/strong>, bajo las normas ordinarias del derecho penal; es decir, sin ninguno de los beneficios pactados en los acuerdos de paz.<\/p>\n

Sobre el segundo enunciado, se debe aclarar que\u00a0solamente\u00a0<\/strong>aquellos casos de delitos de narcotr\u00e1fico que fueron cometidos para la financiaci\u00f3n del conflicto armado ser\u00e1n juzgados por la JEP. De esta manera,\u00a0los hechos que fueron cometidos con la \u00fanica intenci\u00f3n de enriquecerse personalmente ir\u00e1n a los tribunales de la justicia ordinaria colombiana.<\/strong><\/p>\n

Medios de comunicaci\u00f3n<\/em><\/strong><\/p>\n

Se dice:<\/strong><\/p>\n

Que el partido pol\u00edtico Farc\u00a0contar\u00e1 con 30 emisoras de radio que controlar\u00e1 exclusivamente y que usar\u00e1 para emitir su propaganda pol\u00edtica.<\/p>\n

Lo cierto<\/strong><\/p>\n

El Acuerdo de Paz establece que se crear\u00e1n 20 emisoras de radio, y no 30, para hacer pedagog\u00eda para la paz y dar a conocer los avances en la implementaci\u00f3n. Dichas estaciones ser\u00e1n administradas durante dos a\u00f1os por la Radio Televisi\u00f3n Nacional de Colombia (RTVC), que es una empresa estatal. Los contenidos que se transmitan ser\u00e1n definidos por un Comit\u00e9 Conjunto compuesto por delegados del Gobierno y la Farc. Los excombatientes no tendr\u00e1n control sobre las emisoras.<\/p>\n

 <\/p>\n

Cultivos de uso il\u00edcito<\/em><\/strong><\/p>\n

Se dice:<\/strong><\/p>\n

Que las pol\u00edticas de erradicaci\u00f3n voluntaria y de \u00a0sustituci\u00f3n de cultivos de uso il\u00edcito han sido un total fracaso e, incluso, se han tergiversado las cifras de aumento de hect\u00e1reas de cultivos de coca sembrados.<\/p>\n

Lo cierto:<\/strong><\/p>\n

La erradicaci\u00f3n voluntaria y el Plan Nacional de Sustituci\u00f3n a los Cultivos de Uso Il\u00edcito, aunque lentamente, est\u00e1n en marcha<\/strong>. Seg\u00fan cifras oficiales, entre el 11 de mayo y el 23 de octubre de este a\u00f1o, 118.733 familias que cultivan coca en 12 departamentos (que concentran el 40% de la coca en el pa\u00eds), han firmado acuerdos individuales de sustituci\u00f3n de cultivos. Ello equivale a 88.491 hect\u00e1reas de coca reportadas por la comunidad. El gobierno colombiano invertir\u00e1 hasta $36 millones en cada familia para facilitar el tr\u00e1nsito de la econom\u00eda ilegal a la legal, a trav\u00e9s de proyectos productivos. De acuerdo con Naciones Unidas, se han erradicado al menos 2.300 hect\u00e1reas de coca, aunque esa informaci\u00f3n no est\u00e1 actualizada y hay subregistro.<\/p>\n

De acuerdo con el Estado colombiano y la ONU,\u00a0en 2012, hab\u00eda 47.788 hect\u00e1reas de cultivos de coca en el pa\u00eds y, en 2016, hab\u00eda 146.140,13 hect\u00e1reas<\/a>. Por su parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos estima que, en 2012 y en 2016, hab\u00eda 78.000 y 188.000 hect\u00e1reas de coca, respectivamente. Las estimaciones de cultivos de coca de Estados Unidos son mayores entre el 61% y 77% frente a las colombianas. Las metodolog\u00edas que siguen esas estimaciones pueden explicar sus diferencias. Ahora, el aumento de hect\u00e1reas de coca no tiene una \u00fanica explicaci\u00f3n. Entre las distintas razones, est\u00e1n la toma de territorios antes controlados por las Farc-Ep\u00a0por otros actores armados y carteles de drogas o la ca\u00edda de los precios de algunos minerales que son extra\u00eddos por la miner\u00eda ilegal en las zonas tradicionalmente cocaleras.<\/p>\n

Impunidad<\/em><\/strong><\/p>\n

Se dice:<\/strong><\/p>\n

Que \u201cno se sabe lo que suceder\u00e1 con los testaferros de las Farc-Ep, con los bienes que est\u00e9n en el exterior, ni con las llamadas \u2018caletas\u2019 de dinero\u201d.<\/p>\n

Lo cierto:<\/strong><\/p>\n

A la fecha, no es posible culpar a los excombatientes de ocultar delitos y no entregar declaraciones sobre testaferros o recursos econ\u00f3micos escondidos porque a\u00fan la JEP no est\u00e1 en operaci\u00f3n.<\/strong>\u00a0Los magistrados de la JEP fueron elegidos a finales de septiembre y \u00a0a\u00fan las salas no est\u00e1n funcionando. As\u00ed que es precipitado asegurar que los excombatientes de las Farc-Ep\u00a0no aceptar\u00e1n la existencia de testaferros porque las declaraciones de verdad que deben rendir ante la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad a\u00fan no las han realizado.<\/p>\n

Se dice:<\/strong><\/p>\n

Que los miembros de la Farc\u00a0que cometan nuevos delitos pueden continuar disfrutando de libertad, amnist\u00eda u otros beneficios penales de la JEP.<\/p>\n

Lo cierto:<\/strong><\/p>\n

Los beneficios penales previstos para quienes acudan ante la JEP est\u00e1n condicionados a que la persona contribuya a la verdad, la reparaci\u00f3n y las garant\u00edas de no repetici\u00f3n. Esto implica que quienes comentan delitos nuevamente pueden perder los beneficios penales que recibieron.<\/p>\n

Se dice:<\/strong><\/p>\n

Que los guerrilleros que se acogieron al Acuerdo de Paz no perder\u00edan los beneficios penales de la JEP como la amnist\u00eda o el indulto \u00a0si se vinculan a una banda criminal (Bacrim), pero que s\u00ed los perder\u00edan si vuelven a cometer el delito de rebeli\u00f3n (vincularse a una guerrilla o ser disidente).<\/p>\n

Lo cierto:<\/strong><\/p>\n

No hay diferencia alguna entre reincidir al vincularse a una Bacrim\u00a0y reincidir al vincularse a una nueva guerrilla en rebeli\u00f3n.<\/strong>\u00a0Tanto pertenecer a una Bacrim\u00a0como rebelarse contra el Estado son delitos, seg\u00fan el c\u00f3digo penal colombiano. La JEP s\u00f3lo puede sancionar a quienes hayan pertenecido a un grupo armado que firme un acuerdo de paz con el Estado colombiano, entreguen armas y se comprometan a decir la verdad, reparar a las v\u00edctimas y no volver a formar parte de grupos armados. De esa manera, cualquier nueva vinculaci\u00f3n a un grupo armado al margen de la ley, despu\u00e9s del 1 de diciembre de 2016, debe ser investigada, juzgada y sancionada por la justicia ordinaria. Si esa persona se hab\u00eda acogido a la JEP, puede\u00a0perder los beneficios penales.<\/p>\n

Se dice:<\/strong><\/p>\n

Que todos \u201clos militares involucrados en los llamados \u201cfalsos positivos\u201d que acepten su responsabilidad tienen que recibir los beneficios de la JEP (penas entre cinco y ocho a\u00f1os sin ir a la c\u00e1rcel)\u201d.<\/p>\n

Lo cierto:<\/strong><\/p>\n

El Acuerdo de Paz no trae una lista de los delitos que la JEP puede resolver. Simplemente, establece los criterios que deben seguir los jueces para estudiar, caso a caso, si tienen competencia o no. A\u00fan no sabemos las caracter\u00edsticas de todos los \u201cfalsos positivos\u201d, por lo que no podemos asegurar tajantemente si todos ingresan a la JEP o todos se excluyen de la jurisdicci\u00f3n. Los magistrados de la JEP tendr\u00e1n que analizar, en cada caso, si los \u201cfalsos positivos\u201d fueron cometidos por miembros de Fuerza P\u00fablica en el marco del conflicto o, si por el contrario, quer\u00edan acceder a ascensos, d\u00edas de descanso u otros beneficios personales. Como la implementaci\u00f3n apenas est\u00e1 comenzando, a la fecha es imposible asegurar que todos los soldados y polic\u00edas que hayan cometido estos delitos ser\u00e1n o no incluidos.<\/p>\n

 <\/p>\n

Se dice:<\/strong><\/p>\n

Que el sistema de justicia de la JEP est\u00e1 dise\u00f1ado para evitar que las personas que cometieron graves cr\u00edmenes vayan a la c\u00e1rcel o, en otras palabras, para \u00b4lavar\u00b4sus cr\u00edmenes.<\/p>\n

Lo cierto:<\/strong><\/p>\n

La JEP no renunciar\u00e1 a investigar y sancionar los cr\u00edmenes m\u00e1s graves y representativos cometidos en el conflicto armado. Su objetivo es\u00a0<\/strong>justamente concentrarse en cr\u00edmenes como la violencia sexual, las masacres, las desapariciones forzadas, las torturas, entre otros, y en quienes tuvieron un rol central en su comisi\u00f3n. Esto significa que la JEP no se propone investigar y sancionar todos los cr\u00edmenes, porque eso ser\u00eda casi imposible despu\u00e9s de 60 a\u00f1os de conflicto armado.<\/p>\n

Empresarios<\/em><\/strong><\/p>\n

Se dice:<\/strong><\/p>\n

Que m\u00e1s all\u00e1 de sancionar a los actores del conflicto, \u201cla JEP \u00a0busca perseguir a los empresarios del pa\u00eds\u201d.<\/p>\n

Lo cierto:<\/strong><\/p>\n

El Acuerdo de Paz dice que aquellas personas que, sin hacer parte de grupos armados al margen de la ley o ser agentes del Estado (terceros<\/em>), hayan cometido delitos graves relacionados con el conflicto armado, podr\u00e1n ser juzgados. Pero no basta con que hayan participado, su intervenci\u00f3n debe haber sido activa, determinante y voluntaria, es decir, \u00a0que no hubieran actuado obligados por los actores armados. En ese entendido, el Acuerdo hace que sea mucho m\u00e1s dif\u00edcil que, por ejemplo, un empresario termine sancionado por la JEP, en comparaci\u00f3n con los miembros de la guerrilla y los agentes estatales. Por esta raz\u00f3n, es errado asegurar que la JEP es un mecanismo de persecuci\u00f3n a los empresarios del pa\u00eds.<\/p>\n

JEP \u00a0parcializada<\/em><\/strong><\/p>\n

Se dice:<\/strong><\/p>\n

Que los magistrados de la JEP ser\u00e1n parcializados en sus decisiones, pues predominan quienes tienen una ideolog\u00eda pol\u00edtica de izquierda. Incluso se le ha llamado un \u201ctribunal de venganza\u201d.<\/p>\n

Lo cierto:<\/strong><\/p>\n

La JEP tiene mecanismos dise\u00f1ados para evitar que los jueces participen en casos donde su imparcialidad se vea comprometida.\u00a0<\/strong>La ley colombiana establece que todos los jueces de la Rep\u00fablica deben actuar de manera independiente e imparcial cuando administran justicia. Para asegurar esto existen unas herramientas denominadas impedimentos y recusaciones, que permiten que un funcionario se aparte o sea apartado de un caso cuando tenga inter\u00e9s en \u00e9l por diversos motivos, entre ellos, amistad \u00edntima o enemistad grave con alguna de las partes. Estas normas son aplicables a los magistrados de la JEP, lo que elimina el riesgo de parcialidad.<\/p>\n

Se dice:<\/strong><\/p>\n

Que una de las finalidades de la JEP ser\u00e1 perseguir a los expresidentes del pa\u00eds y que \u00c1lvaro Uribe ser\u00eda el primero en ser llevado a sus tribunales.<\/p>\n

Lo cierto:<\/strong><\/p>\n

Ning\u00fan expresidente colombiano puede ser juzgado en la JEP por delitos cometidos mientras desempe\u00f1aba su cargo y en desarrollo de sus funciones.\u00a0<\/strong>El Acuerdo de Paz establece claramente que la creaci\u00f3n y el funcionamiento de la JEP no modificar\u00e1 las normas aplicables a las personas que hayan ejercido la Presidencia de la Rep\u00fablica y supuestamente hayan cometido delitos. En ese entendido, el fuero presidencial, que se\u00f1ala que el Presidente de la Rep\u00fablica debe ser juzgado por el Senado, previa acusaci\u00f3n de la C\u00e1mara, se mantiene vigente y excluye la competencia de la JEP, lo que, por supuesto, incluye a \u00c1lvaro Uribe V\u00e9lez.<\/p>\n

Blindaje del Acuerdo de Paz<\/em><\/strong><\/p>\n

Se dice:<\/strong><\/p>\n

Que el cumplimiento del Acuerdo de Paz no es una obligaci\u00f3n y que incluso es posible \u201chacerlo trizas\u201d.<\/strong><\/p>\n

Lo cierto:<\/strong><\/p>\n

Cualquier persona que resulte elegida como Presidente de la Rep\u00fablica tiene la obligaci\u00f3n de cumplir de buena fe el Acuerdo Final.\u00a0<\/strong>Recientemente la Corte Constitucional confirm\u00f3 que el Acuerdo de Paz debe cumplirse de buena fe por todas las autoridades p\u00fablicas, incluso el Presidente de la Rep\u00fablica que resulte electo en 2018. Si el nuevo Gobierno no est\u00e1 dispuesto a cumplir lo pactado, deber\u00e1 reformar la Constituci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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