La tragedia del Amazonas

A pesar de su importancia, la Amazonía no tiene una institución supranacional sólida que vele por su protección. El Amazonas es el bosque tropical más extenso del planeta, tiene una superficie que abarca más de siete millones de kilómetros cuadrados, mantiene el ciclo de lluvias regional, alberga cerca del 10 % de la biodiversidad mundial y es territorio ancestral de cientos de pueblos indígenas.  Las instancias destinadas a protegerla son ocho países (Brasil, Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Guyana y Surinam) los cuales actúan bajo lógicas de soberanía nacional y muchas de las normas de cooperación internacional sobre su preservación tienen una mera eficacia simbólica. 

El mayor esfuerzo de cooperación internacional sobre la Amazonía es la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), que fue creada en 1995 para implementar los objetivos del Tratado, firmado en 1978. Tanto el Tratado como la OTCA iniciaron como un instrumento de cooperación para el desarrollo de la cuenca amazónica y la preservación de los recursos naturales, mediante la cooperación técnica, el intercambio de información y la ejecución de proyectos conjuntos.  La OTCA se encarga de la gestión de recursos hídricos, la biodiversidad, los pueblos indígenas, la salud, los bosques y el cambio climático. Sin embargo, este organismo funciona como un espacio de diálogo intergubernamental, sin competencias supranacionales ni poder de decisión vinculante. No cuenta con mecanismos de monitoreo, sanción ni verificación independientes y sus decisiones están a merced de la voluntad política de los gobiernos de turno de los Estados parte. Además, su capacidad técnica y financiera es reducida, por lo que su papel se limita a formular proyectos específicos y a intercambiar información, sin mayor incidencia sobre las políticas nacionales. 

Por su parte, los Estados miembros no han logrado tener una agenda conjunta sobre la protección de este territorio y, peor aún, cada uno tiene una concepción diferente de la Amazonía, tanto desde un punto de vista biogeográfico como político-administrativo. Colombia, Brasil y Perú, han tenido gobiernos con una visión extractivista y militarista de la Amazonía; que ven la selva como un territorio complejo, con actores difíciles de identificar y zonas cooptadas por actores ilegales, lo cual implica que la política de control territorial, con base en la intervención de sus fuerzas, prima sobre cualquier agenda ambiental. Esto varía dependiendo del gobierno; por ejemplo, en Brasil, durante el gobierno de Jair Bolsonaro (2019–2022), la Amazonía enfrentó un fuerte retroceso ambiental: se desmantelaron organismos de fiscalización, se desincentivó la protección de territorios indígenas y se promovieron discursos que legitimaron la expansión ilegal de actividades extractivas. En contraste, la administración de Lula ha buscado reposicionar a Brasil como líder ambiental global, reforzando la fiscalización y adoptando un discurso proteccionista centrado en la conservación del bioma y la justicia climática. Sin embargo, la OTCA no tiene poder para dar su concepto sobre estas intervenciones militares, ni sobre políticas extractivistas.

El papel de la OTCA se limita a emitir declaraciones de buena voluntad y a fomentar la cooperación técnica, pero sin herramientas jurídicas ni políticas para exigir cumplimiento, monitorear compromisos o sancionar incumplimientos. Esta debilidad institucional perpetúa la fragmentación de la cooperación entre los Estados amazónicos y permite que los intereses económicos y militares de corto plazo prevalezcan sobre la protección de la selva. En la práctica, el Amazonas queda desprotegido frente a amenazas que requieren coordinación regional urgente, como la deforestación acelerada, la minería ilegal o la pérdida de conectividad ecológica. Y la mejor manera de proteger el medioambiente es con políticas vinculantes, instituciones con autoridad operativa y fuerza normativa.

De todas maneras, la cooperación entre Estados parte no sería suficiente para proteger al Amazonas. La crisis climática mundial, resultado del modelo capitalista, ha profundizado la desigualdad entre los países que más han contribuido históricamente al calentamiento global y aquellos que, como los países amazónicos, padecen sus efectos de forma desproporcionada. Según la Base de Datos de Emisiones para la Investigación Atmosférica Global, más del 75 % de las emisiones de CO₂ actuales provienen de solo veinte países, encabezados por China (30,1 %), Estados Unidos (11,25 %), India (7,8%) y la Unión Europea (6,08 %), y en términos históricos, los países desarrollados han emitido alrededor del 85 % del CO₂ acumulado desde la Revolución Industrial. En contraste, países como Colombia, Perú o Bolivia han contribuido mucho menos al calentamiento global, pero enfrentan consecuencias severas: alteraciones en los ciclos hídricos, sequías, pérdida de biodiversidad, incendios forestales y afectaciones directas a comunidades indígenas y rurales. 

Esto se agrava porque los países más afectados por el cambio climático, que menos han contribuido a causarlo, no tienen la capacidad de incidir en el sistema internacional debido a la desigualdad de poder político y de negociación producto del sistema capitalista. El Amazonas también es víctima de esta desigualdad: pese a su rol vital para la estabilidad climática del planeta, los países amazónicos tienen escasa capacidad de incidencia en la política global y cargan con el peso de conservar un ecosistema indispensable, sin haber contribuido a su deterioro. La Comunidad Internacional ha intentado reducir esta brecha sin mucho éxito; desde 1992, Naciones Unidas reconoce esta desigualdad con el principio de «responsabilidades comunes pero diferenciadas» que tienen los países en la degradación del medioambiente. A partir de ahí, han contribuido a la adaptación de los países más vulnerables al cambio climático (incluidos los amazónicos) con proyectos y planes de adaptación, pero no ha sido ni será suficiente. 

Hasta ahora, todos los acuerdos de mitigación de la crisis climática han sido compromisos voluntarios, sin consecuencias en caso de incumplimiento ni represalias si el mandatario de turno decide salirse. El carácter no vinculante de estos acuerdos va en contravía de estudios que han demostrado que solo los países que adoptan políticas estrictas de mitigación de la crisis climática logran reducciones reales en sus emisiones. En este contexto, cualquier acuerdo climático global que no imponga obligaciones reales a los principales contaminadores estará destinado a fracasar. 

La Amazonía es víctima de la sobrestimación del Estado como entidad adecuada para resolver problemas de orden supranacional. El énfasis en la lógica de soberanía nacional obstruye el tipo de soluciones que se requieren (efectivas: cada gobierno prioriza intereses internos y cortoplacistas, mientras el ecosistema amazónico decae) que pone de presente una discordancia entre la escala de un problema, en este caso la protección de la Amazonía, y la escala de la decisión que se tiene para enfrentar ese problema, es decir el nivel estatal de decisiones. 

De modo que la búsqueda de soluciones para enfrentar la crisis amazónica exige superar los límites de la fragmentación en Estados. Un primer paso es convertir la OTCA en una organización cuyas decisiones sean vinculantes, con capacidad técnica propia para coordinar, implementar y monitorear políticas en toda la cuenca. Segundo, nos unimos a las peticiones de la Red de Redes Amazónica (de la que Dejusticia hace parte) de crear un fondo regional para responder a los desafíos climáticos y de plantear soluciones junto a los pueblos indígenas que históricamente han habitado el territorio. Solo así podremos dejar de tratar al Amazonas como una colección dispersa de territorios estatales y comenzar a asumirlo como un espacio vital de responsabilidad y protección global.

Por: Sofía Carrerá, investigadora de la línea Estado de Derecho.