¿El licenciamiento ambiental en Colombia es un instrumento ciego a los derechos humanos?

En los bosques y ríos que bordean los centros urbanos y en los territorios más apartados del país persiste una paradoja: el licenciamiento ambiental, la herramienta preventiva más poderosa para evitar daños ecológicos, no evalúa de manera sistemática los riesgos que los proyectos implican para los derechos humanos de las personas y comunidades afectadas.

Desde sus inicios, el procedimiento para otorgar una licencia ambiental se ha centrado en tres dimensiones:

• Biótica: flora y fauna
• Abiótica: suelo, agua y aire
• Socioeconómica: empleo, infraestructura y desarrollo local

Sin embargo, nunca se ha detenido a evaluar si, al limitar el acceso a un territorio o al modificar un cauce, se ponen en riesgo el derecho al agua potable, a la salud, a la vivienda digna o a la participación efectiva de quienes habitan esas regiones. Este descuido institucional desconoce los compromisos internacionales suscritos por Colombia, la cláusula de protección de derechos humanos en la Constitución y la jurisprudencia de la Corte Constitucional. 

En nuestra publicación La prevención incompleta: desafíos para la protección de los derechos humanos en el licenciamiento ambiental ahondamos sobre estas preocupaciones al mostrar el contexto y proponer algunas alternativas de solución.  

Un vacío con consecuencias 

Colombia es el país más peligroso para defensores ambientales, según Global Witness. Por ello, y en medio de un conflicto armado vigente, las megaobras y proyectos extractivistas agudizan estas problemáticas estructurales y generar nuevos conflictos socioambientales: desplazamiento forzados, criminalización de líderes, etc.

La historia reciente evidencia las consecuencias de este vacío:

• Hidroituango: desplazamiento masivo y amenazas a líderes opuestos al proyecto.
• Cerro Matoso: contaminación con metales pesados que enfermó a comunidades afrodescendientes.
• Piloto de fracking en Puerto Wilches: protestas criminalizadas en territorios ya fracturados por el conflicto armado.

Estos casos comparten un patrón: las evaluaciones de impacto ambiental omitieron análisis de riesgos en derechos humanos, relegando a las comunidades a la condición de «daños colaterales». Como señala nuestro análisis, cuando el licenciamiento no examina cómo un POA altera dinámicas de poder territorial o expone a poblaciones a violencia, se convierte en cómplice de injusticias estructurales. Además, al carecer de sistemas de alerta temprana y protocolos de coordinación interinstitucional, muchas de estas afectaciones se convierten en tragedias anunciadas.

Compromisos sin aterrizar en la práctica

Aunque Colombia ha suscrito tratados que obligan al Estado a garantizar el goce efectivo de los derechos humanos, y la Corte Constitucional ha relacionado la protección ambiental con la dignidad humana (Sentencia T-622 de 2016), estas obligaciones no se han traducido en una reforma sustancial del licenciamiento ambiental. Los únicos derechos que suelen cobijarse en el proceso son la participación ciudadana, la consulta previa y el acceso a la información, pero su aplicación suele ser meramente formal: agendas rígidas, términos de referencia excesivamente técnicos y plazos insuficientes.

¿Cómo incorporar los derechos humanos en Estudios de Impacto Ambiental?

En nuestra publicación proponemos un modelo de Evaluación de Impacto en Derechos Humanos integrado a los Estudios de Impacto Ambiental. En ella, destacamos:

• Diseño participativo desde el inicio: definir con las comunidades los aspectos humanos a evaluar (salud mental, prácticas culturales, etc.).
• Información clara y accesible: folletos ilustrados, audios comunitarios y plataformas web simples.
• Articulación interinstitucional: Coordinar con otras entidades para realizar las evaluaciones y establecer medidas de prevención de acuerdo a sus competencias. 
• Sistemas de alerta temprana: protocolos que, al identificar amenazas a líderes o comunidades, activen automáticamente la intervención de la Defensoría del Pueblo y la Unidad Nacional de Protección.

Además, revisamos experiencias internacionales y evaluamos los avances de los protocolos de debida diligencia en derechos humanos para extraer lecciones y adaptar buenas prácticas nacionales.

Recomendaciones

Para evolucionar hacia un licenciamiento verdaderamente preventivo y con rostro humano, proponemos:

1. Elaborar una metodología integral que identifique, cuantifique y gestione los impactos en derechos humanos, alineada con estándares internacionales y la Constitución colombiana.
2. Reformar el marco legal y reglamentario para exigir la inclusión obligatoria de un capítulo de evaluación de impacto en derechos humanos en todas las fases de los Estudios de Impacto Ambiental.
3. Garantizar participación efectiva desde los términos de referencia, con espacios de deliberación real y plazos adecuados.
4. Comunicar de manera pedagógica la información técnica y jurisprudencial en formatos culturalmente pertinentes.
5. Articular mecanismos interinstitucionales entre autoridades ambientales, Ministerio del Interior, Defensoría del Pueblo y Unidad Nacional de Protección, para coordinar el seguimiento y las alertas tempranas.

Desde Dejusticia, junto a otros aliados, impulsamos un diálogo sobre licenciamiento ambiental y derechos humanos en Colombia en el que profundizamos sobre los hallazgos de nuestra investigación, nuestras reflexiones y conclusiones en esta materia. A través de este enlace puedes ver la conversación completa:

Para conocer en detalle la historia, los retos y las rutas de transformación necesarias para que el licenciamiento ambiental proteja no solo los ecosistemas, sino también los derechos fundamentales de las comunidades colombianas, le invitamos a descargar y leer nuestra publicación a través de este enlace.