Los presupuestos para el clima

Cuando escuchamos la frase “cambio climático”, probablemente pensamos en olas de calor, lluvias intensas, incendios forestales o desastres naturales. Y cuando escuchamos hablar del “presupuesto nacional”, lo primero que se nos viene a la mente son impuestos, sueldos de políticos, obras públicas o cosas que parecen lejanas a nuestra vida cotidiana. Pero lo cierto es que el cambio climático y el presupuesto de un país están profundamente conectados, y no solo desde la economía, sino desde algo mucho más importante: nuestros derechos.

El cambio climático afecta los derechos humanos

El cambio climático no es algo del futuro. Ya está aquí. Lo sentimos en los alimentos que suben de precio por sequías, en los cortes de agua por falta de lluvias, en los hospitales desbordados por enfermedades respiratorias provocadas por el calor o la contaminación. Las personas más afectadas no son las que más contaminan, sino las que tienen menos recursos: comunidades rurales, mujeres, niños, personas mayores, habitantes de zonas vulnerables al cambio climático.

Cada sequía, inundación o incendio no solo amenaza al medio ambiente, sino también derechos fundamentales como la salud, el acceso al agua, la alimentación, la vivienda y una vida digna. Por eso, la respuesta debe poner en el centro los derechos de las personas más vulnerables, porque son ellas quienes más padecen las consecuencias del cambio climático. Por ejemplo en Colombia para el 2024 se registraron 91.000 desplazamientos por desastres naturales, la tercera cifra más alta en más de una década, principalmente por tormentas, inundaciones, sequías e incendios forestales. Pero Brasil es el caso más preocupante, pues en ese mismo año, los desastres provocaron el desplazamiento de 1.124.000 personas.  

Entonces, ¿qué tiene que ver el presupuesto?

El presupuesto nacional es el plan que hace cada gobierno sobre cómo va a recaudar dinero (principalmente por impuestos) y cómo lo va a gastar en educación, salud, transporte, subsidios, etc. Es, en pocas palabras, la forma en que se organizan los recursos públicos para garantizar que todas las personas accedan a sus derechos humanos.

Y aquí viene lo importante, dependiendo del tipo de política relacionada con el medio ambiente: cada peso que se recauda y se gasta puede ayudar a combatir el cambio climático o puede empeorarlo.

Por ejemplo, si un gobierno invierte más dinero en energías limpias, en restaurar ríos o bosques, en transporte público sostenible o en proteger a las comunidades en riesgo, está contribuyendo a enfrentar el cambio climático. Pero si ese mismo gobierno decide gastar miles de millones subsidiando combustibles fósiles (como gasolina y diésel), está apoyando actividades que contaminan y aceleran la crisis climática.

En otras palabras, el presupuesto no es solo una hoja de cálculo. Es una herramienta política que define qué se protege y a quién se prioriza.

Dos caminos: mitigar y adaptarse

Existen dos grandes formas en las que un país puede actuar frente al cambio climático usando su política fiscal:

A través de la mitigación, que significa reducir las causas del cambio climático. Por ejemplo, estableciendo impuestos a las empresas que más contaminan, quitando exenciones a industrias que dañan el ambiente, o eliminando los subsidios a los combustibles fósiles.

Y mediante la adaptación: significa prepararse para vivir con los efectos del cambio climático. Esto incluye invertir en infraestructuras resistentes a inundaciones, sistemas de alerta temprana, cultivos que soporten el calor extremo o sistemas de salud fortalecidos.

En este sentido, las medidas de mitigación son resultado de las políticas tributarias, que generan recaudo y nutren los presupuestos públicos. Por su parte, las acciones de adaptación se pueden financiar con esos mismos recursos, por lo que es fundamental que los presupuestos estén alineados con las necesidades reales de las personas y del planeta.

Es una cuestión de justicia fiscal

Uno de los principales desafíos que enfrentamos es que quienes más contaminan no siempre son quienes más contribuyen económicamente para remediar ese daño. Grandes empresas, industrias extractivas y personas con niveles extremadamente altos de consumo suelen recibir beneficios fiscales o pagan impuestos mínimos en comparación con el impacto ambiental que generan.

Por ejemplo, un estudio realizado en Brasil reveló que, en 2017, el 94 % de las emisiones de carbono del país provenía de actividades no sujetas a impuestos, y que las empresas petroleras y productoras de gas recibían incentivos fiscales y exenciones impositivas. Y en Estados Unidos, se evidenció que 22 compañías de petróleo y gas, dentro de las que están Chevron, Halliburton y Occidental Petroleum, no pagaron impuestos federales en 2018, y además recibieron miles de millones en reembolsos fiscales.

Mientras tanto, la mayoría de la población, que apenas contribuye a la crisis climática, es la que más sufre sus consecuencias. Esto no es solo injusto: es una violación a los principios básicos de equidad y a los derechos humanos.

Por eso desde organizaciones como Dejusticia promovemos una serie de medidas que pueden ayudar a construir una política fiscal más justa, tanto para las personas como para el planeta. Entre ellas resaltamos: 

1. Aumentar la progresividad de los impuestos: Esto significa que quienes más tienen y más contaminan, deben pagar más. No es justo que el peso del financiamiento del Estado recaiga sobre los sectores medios y bajos mientras las grandes fortunas y empresas contaminantes no contribuyen de acuerdo a su riqueza.
2. Subir la tasa del impuesto al carbono y eliminar exenciones: Actualmente, muchos países tienen un impuesto muy bajo al carbono, o permiten que ciertos sectores se beneficien de exenciones para pagar menos impuesto al carbono. Esto debe cambiar. El impuesto al carbono puede ser una herramienta poderosa para reducir la contaminación, pero solo si se aplica con fuerza, equidad y transparencia.
3. Gravar la riqueza y los bienes de lujo: Las personas con mayores ingresos tienden a tener un estilo de vida con mayor huella ecológica: viajan más en avión, consumen más energía y productos que impactan el ambiente. Gravar estos lujos no solo es justo desde lo fiscal, sino también desde lo ambiental.
4. Eliminar privilegios tributarios a sectores contaminantes: No tiene sentido que industrias que destruyen ecosistemas reciban beneficios fiscales, para reducir su responsabilidad tributaria frente a los Estados. Estos privilegios deben eliminarse, y los recursos que se liberen pueden destinarse a proyectos de adaptación climática o justicia ambiental.
5. Apoyar acuerdos regionales y globales: La crisis climática es global. Por eso, la cooperación entre países es fundamental, no solo para compartir información, sino también para garantizar mecanismos de financiamiento justo, donde los países más ricos, que históricamente han contaminado más, asuman su parte de responsabilidad. La Plataforma Regional de Cooperación Tributaria para América Latina y el Caribe (PTLAC) y La Convención Marco de Naciones Unidas por una cooperación tributaria son ejemplo de iniciativas que debemos apoyar, para crear políticas incluyentes, equitativas y transparentes en el mundo.

¿Y cómo ciudadanía, qué podemos hacer?

Además de concientizarnos sobre el cambio climático, puede que no tengamos el poder de decidir el presupuesto nacional, pero sí tenemos el derecho y la responsabilidad de informarnos, exigir transparencia, y participar en el debate. Podemos pedirles a nuestros gobiernos que expliquen cómo están usando el dinero público para enfrentar el cambio climático. Podemos apoyar políticas que promuevan una transición justa y exigir que quienes más contaminan asuman su responsabilidad, lo que materializaríamos a través de nuestras votaciones por alcaldes, gobernadores, congresistas y presidentes. 

Si se trata de generar más ingresos, pero también de gastar mejor. De priorizar la vida por encima del lucro. Porque en el fondo, cada peso que el Estado gasta dice algo sobre qué y a quién estamos dispuestos a proteger. Y si no protegemos los derechos humanos, ¿entonces qué estamos financiando?