Natilla con glifosato: el sabor amargo que deja el nuevo anuncio del Gobierno Petro

El pasado 22 de diciembre de 2025, el ministro de Justicia, Andrés Idárraga, anunció que harán fumigación terrestre de glifosato con drones, empezando en el Cauca. Según el Gobierno, esta decisión cuenta con el visto bueno de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Sin embargo, el anuncio deja más dudas que certezas.

Una de las justificaciones para emprender esta acción es responder a situaciones “en regiones donde instrumentalizan a la población civil”. A pesar de que este Gobierno hizo de la no utilización del glifosato una de sus banderas en la reforma a las políticas de drogas, hoy está retomando este peligroso camino. La fumigación terrestre aparece como una alternativa ante las fuertes restricciones que pesan sobre la aspersión aérea, impuestas por órdenes de la Corte Constitucional.

¿Qué es la fumigación terrestre con glifosato y en qué condiciones está permitida?

La fumigación terrestre con glifosato, conocida oficialmente como Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Terrestre con Glifosato (PECAT), es una de las pocas estrategias de erradicación de cultivos ilícitos que actualmente pueden utilizar glifosato en el país. Está reglamentada por la Resolución n.º 1 de 2017 del Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) y debe estar respaldada por un Plan de Manejo Ambiental, adoptado mediante la Resolución 1524 del 12 de diciembre de 2016.

En su momento, el Plan de Manejo Ambiental sí contempló la fumigación mediante drones, pero la ANLA impuso varias condiciones al Gobierno. Aquí surgen las dudas sobre si hoy se cumplen todos los requisitos necesarios para activar este método.

El Plan impone dos condiciones previas a la Policía Nacional antes de iniciar operaciones. La primera es presentar ante la propia ANLA los estudios sobre los equipos que se utilizarán para la aspersión. La segunda, y más importante, es contar con un concepto de la autoridad competente que acredite que la altura a la que se realizará la fumigación corresponde efectivamente a una modalidad terrestre y no aérea.

El Gobierno afirma tener el concepto favorable por parte de la ANLA, el cual se obtuvo en el marco de un Comité interinstitucional del PECAT. Por su parte, la ANLA emitió un comunicado explicando el alcance de la autorización, pero tres elementos aún causan ruido. Primero, la Policía Nacional aún no ha presentado el estudio de calibración de los equipos que a su vez el Ministerio de Justicia aprueba. No se conocen dichos estudios, aún cuando el ministro afirma que están listos para fumigar en los próximos días. Segundo, la ANLA afirma que actualizaron las actividades autorizadas bajo el PECAT mediante resolución emitida en septiembre, resolución que no se ha hecho pública, lo cual pone seriamente en cuestión la transparencia del proceso. Tercero, y en cualquier caso, la sustitución voluntaria debe primar cómo método de reducción de cultivos, tal como lo ha reiterado la Corte Constitucional en varias de sus sentencias, y el Gobierno no ha justificado adecuadamente que hayan intentado por todos los medios promover la sustitución voluntaria antes de la fumigación. .

De otra parte, el Ministro afirma que el inicio de esta estrategia obedece a la necesidad de eliminar cultivos donde hay casos de instrumentalización de la población civil. Pero, ¿cuál es el criterio que se va utilizar para identificar las comunidades que supuestamente están siendo instrumentalizadas? Esto, teniendo en cuenta que en muchas zonas del país, el cultivo de coca es una actividad agrícola de subsistencia donde no hay otras alternativas económicas viables.

¿Por qué es problemático fumigar?

En 2015, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés), de la Organización Mundial de la Salud (OMS), clasificó el glifosato como probablemente carcinogénico para los seres humanos (Grupo 2A). Además, existe amplia evidencia sobre los daños que causa a los suelos, los ríos y el medio ambiente. Por ejemplo, según un informe técnico de la Corporación Terrae, “cuando el glifosato entra al suelo, puede transformarse y formar un compuesto similar denominado AMPA, más tóxico que el propio glifosato, o seguir siendo glifosato y quedarse dentro del suelo. También puede movilizarse hacia los lados o hacia abajo, hasta llegar a los niveles del agua subterránea. Si el glifosato llega al agua, ya es potencialmente disponible para animales y humanos”.

Precisamente por estos riesgos, la Corte Constitucional fijó en una sentencia de 2017 las condiciones para reanudar el uso del glifosato en fumigación aérea y, para ello, aplicó el principio de precaución. Este principio se activa cuando, aun sin certeza científica absoluta sobre la causalidad entre las afectaciones en salud y ambiente y la exposición al glifosato, el riesgo de daño obliga al Estado a tomar medidas para proteger los derechos de las comunidades que habitan en zonas con cultivos de coca.

Si bien el Acuerdo Final de Paz no excluye ni prohíbe los métodos de erradicación con glifosato, los dejó como un último recurso, aplicable únicamente cuando la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos no dé resultados. Este criterio fue retomado por la Corte Constitucional en varias ocasiones. En 2019, mientras el gobierno Duque intentaba reanudar la aspersión aérea, la Corte no solo reiteró las condiciones de 2017, sino que además agregó el principio de jerarquía entre métodos de erradicación de cultivos. Más recientemente, en la sentencia SU-545 de 2023, en la que se exige al Gobierno ofrecer primero programas de sustitución de cultivos a las poblaciones cocaleras antes de recurrir a la erradicación forzada, incluso en su modalidad terrestre.

Este no ha sido el caso. Miles de familias que manifestaron su voluntad de transitar hacia economías lícitas han sido excluidas o suspendidas del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), y muchas más nunca vieron materializadas las promesas de desarrollo rural en sus territorios.

El anuncio del Gobierno es, así, un capítulo más de las injusticias que enfrentan las comunidades que subsisten de la economía de la coca. Serán ellas las más afectadas por la aspersión con glifosato, una vez más, sin que exista un plan claro y efectivo de transición económica para sus territorios.