El caso trata sobre la falta de delimitación, demarcación y título de las tierras ancestrales de más de 90 comunidades indígenas miembros de la Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat en Argentina.

Le explicamos a la Corte que las barreras administrativas constituyen discriminación institucional indirecta e inciden negativamente en la protección de los derechos fundamentales de los migrantes venezolanos, entre ellos el derecho a la salud.

Hace un año la Corte declaró a la Amazonía colombiana sujeto de derechos y ordenó, a través de la sentencia 4360 de 2018, que se aplicaran mecanismos para frenar la deforestación. Sin embargo, las acciones del gobierno han sido mínimas, mientras las amenazas al bosque aumentan.

Las organizaciones presentaron un documento que busca proteger los derechos de un menor de 8 meses de nacido, de padres migrantes, quien no ha sido inscrito en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y a quien no se le ha aplicado la encuesta del SISBEN pese a ser colombiano.

La deserción de miembros de las Fuerzas Armadas de Venezuela fue difundida en medios de comunicación visibilizando sus rostros y nombres. Muchos quisieron retratar estos hechos como actos heroicos sin tener en cuenta los riesgos de hacer esta información pública.

Doce organizaciones americanas reafirmamos el derecho humano a la asistencia humanitaria pero, a la vez, hacemos un llamado para que estas ayudas no sean instrumentalizadas, con otros fines, por parte de los gobiernos.