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La sentencia ordena medidas para garantizar el acceso del niño al sistema de salud sin importar el estatus migratorio irregular de sus padres.

Con motivo de la Conferencia Internacional sobre Reducción de Daños, que reunió esta semana a representantes de la sociedad civil y especialistas de todo el mundo en Porto, instamos a la comunidad internacional a que refuerce su voluntad política para la emergencia que vive esta población.

El caso trata sobre la falta de delimitación, demarcación y título de las tierras ancestrales de más de 90 comunidades indígenas miembros de la Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat en Argentina.

Le explicamos a la Corte que las barreras administrativas constituyen discriminación institucional indirecta e inciden negativamente en la protección de los derechos fundamentales de los migrantes venezolanos, entre ellos el derecho a la salud.

Hace un año la Corte declaró a la Amazonía colombiana sujeto de derechos y ordenó, a través de la sentencia 4360 de 2018, que se aplicaran mecanismos para frenar la deforestación. Sin embargo, las acciones del gobierno han sido mínimas, mientras las amenazas al bosque aumentan.

Las organizaciones presentaron un documento que busca proteger los derechos de un menor de 8 meses de nacido, de padres migrantes, quien no ha sido inscrito en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y a quien no se le ha aplicado la encuesta del SISBEN pese a ser colombiano.