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El Tribunal Superior de Riohacha acaba de recibir un informe de Dejusticia con información útil sobre la vulneración de los derechos humanos de los wayúu en La Guajira. El documento serviría para avanzar en la implementación del reciente fallo de la Corte Constitucional, que pide la protección de las niñas y niños indígenas.

Siete organizaciones latinoamericanas, entre ellas Dejusticia, intervinieron ante la Suprema Corte de Justicia mexicana para apoyar una demanda que busca proteger los derechos de los consumidores, pues solo el 2% de los mexicanos entiende los etiquetados de alimentos y bebidas. Sin embargo, el tribunal aplazó la discusión.

Dejusticia había intervenido ante tribunal ecuatoriano que protegió los derechos de las comunidades indígenas de Molleturo y de la naturaleza frente a los intereses del gobierno ecuatoriano y la trasnacional china Ecuagoldmining.

Dejusticia (Colombia) y Provea (Venezuela) reunieron a diez periodistas venezolanos y a tres colombianos para contar, a través de siete historias de migración reunidas en la frontera con Colombia, cómo la crisis sociopolítica de Venezuela le está cambiando la vida a millones de personas. Esta semana podrá leer una historia por día.

El alto tribunal protegió el derecho a la salud de dos venezolanos indocumentados y le solicitó al gobierno avanzar lo más “expedita y eficazmente posible” hacia la plena realización del derecho a la salud de los migrantes, sin importar su estatus migratorio. Dejusticia intervino en el caso.

La Corte Constitucional invitó a Dejusticia entregar su concepto jurídico frente a dos casos que actualmente están siendo estudiados por el tribunal relativos al derecho a la salud de personas provenientes de Venezuela.