El debate público sobre cómo enfrentar las consecuencias del conflicto armado y de las mejores formas para superarlo y no volverlo a vivir, es tal vez una de las discusiones más importantes que debe darse en el país. La mesa de negociación de La Habana y los posibles acuerdos que allí se logren han despertado por tanto un importante y necesario debate. Igualmente lo ha hecho la recientemente aprobada reforma constitucional conocida como el marco legal para la paz.

La posesión de Alberto Rojas como magistrado de la Corte Constitucional, a pesar de la denuncia periodística de que pudo haberse apropiado de la indemnización de una viuda por la muerte de su esposo, es desafortunada para el país, para la Corte, para el Gobierno, y en especial para el propio Rojas, cuya legitimidad como magistrado queda en entredicho.

Hace unos días resurgió un video en el que el presidente de Nestlé dice que el agua no es un derecho sino que debe privatizarse.

Finalmente pasó lo anunciado: la locomotora minera se quedó sin sus últimos rieles, por la incapacidad del gobierno de impulsar un nuevo código minero en reemplazo del que se cayó en la Corte Constitucional en 2011.

Definitivamente el Congreso no aprobó el matrimonio igualitario, esto es, no extendió a las parejas del mismo sexo el derecho a casarse, que hoy tenemos las parejas heterosexuales. Pero tampoco aprobó otro tipo de contrato que permitiera a las parejas del mismo sexo solemnizar su unión familiar. Surge entonces la pregunta de que irá a pasar a partir del 20 de junio, puesto que la sentencia C-577 del 2011, que la Corte Constitucional dictó como consecuencia de una demanda que presentamos varias organizaciones contra la definición exclusivamente heterosexual del matrimonio en la legislación civil colombiana, señaló en la parte resolutiva lo siguiente: “si el 20 de junio de 2013 el Congreso de la República no ha expedido la legislación correspondiente, las parejas del mismo sexo podrán acudir ante notario o juez competente a formalizar y solemnizar su vínculo contractual”.

Los juristas suelen ser malos historiadores. Pero los historiadores suelen ser malos juristas cuando establecen el significado de una norma jurídica usando métodos históricos.