La reciente liberación por vencimiento de términos de alias Biófilo, el que con bombo fue capturado a raíz del escándalo por la falsa desmovilización del Bloque Cacica Gaitana, pone de presente el pernicioso papel que puede cumplir la detención preventiva en nuestro sistema penal.

En un infortunado artículo , anuncia El Tiempo que varios ministros se reunirán mañana con la Corte Constitucional para “buscar salidas a la maraña jurídica” de las consultas previas.

Una valiente y bien fundamentada tutela de la jueza 56 penal del circuito de Bogotá puso el dedo en la llaga sobre la situación carcelaria del país, pues concluyó que en la cárcel Modelo de Bogotá existía un “estado de cosas inconstitucional” (ECI) y ordenó medidas fuertes para enfrentar la situación, entre las cuales, que no se podía recibir en ese centro carcelario más condenados o procesados.

Varios lo advertimos cuando fue aprobada en el Congreso: la Ley Lleras 2.0 no pasaría el examen ante la Corte Constitucional.

La polémica desatada por la propuesta del Ministerio de Justicia de establecer una dosis personal para las drogas sintéticas (semejante a la que existe para la marihuana o la cocaína) ha estado llena de equívocos conceptuales. Es bueno entonces hacer algunas precisiones a fin de tener una discusión más sensata sobre este tema, que es difícil y divisivo.

El fenómeno de los falsos testigos pone en evidencia graves fallas de gestión en la Fiscalía y en el Consejo Superior de la Judicatura: decisiones que se toman a ojo, falta de pruebas técnicas, de investigación dirigida y de visión estratégica.