Más allá del alivio de las deudas, la población desplazada requiere de medidas complementarias para garantizar la restitución efectiva e integral de las tierras.

La propuesta de Petro de crear centros controlados de consumo para adictos a drogas ilegales amerita ser evaluada y debatida en forma reposada, pues está bien orientada, aunque su sustentación no haya sido buena.

Causó revuelo la orden de la Corte Constitucional al Ministerio de Defensa de restituir 6 hectáreas al pueblo jiw, que deambula desplazado de su territorio entre Meta y Guaviare, sorteando por turnos las minas quiebrapatas de las Farc y las municiones sin explotar del Ejército.

Este gobierno ha incumplido la ley de cuotas (Ley 581 de 2000) reiteradamente. Desde un inicio, Santos confesó que no es “amigo” de estas medidas porque considera que van en contra de los méritos de las mujeres, quienes a su juicio tienen su espacio ganado en la sociedad

La denuncia penal del procurador contra Piedad Córdoba, por su discurso en Miranda, y la amenaza del alcalde Petro de que denunciaría por pánico económico a Noticias Uno, por divulgar un informe sobre la contaminación del agua en Bogotá, muestran el poco aprecio de muchos funcionarios colombianos por la libertad de expresión, como bien lo mostró La Silla Vacía.

A juzgar por el debate sobre el Cauca, los del pensamiento mítico no son los indígenas, sino quienes exigen “ponerlos en su sitio” con argumentos que convencen en un coctel bogotano, pero desconocen por completo la realidad de los nasas y los demás pueblos indígenas. Para avanzar en las negociaciones que en buena hora convocó el Gobierno, conviene comenzar por desmantelar los mitos.