Dar a los paramilitares el carácter de delincuentes políticos, en lo cual insisten varios sectores cercanos al gobierno, es continuar con una actitud complaciente.

Rodrigo Uprimny, Director de DeJuSticia, destaca las inconsistencias y los riesgos del ataque del gobierno a la Corte Suprema por el fallo sobre paramilitares y delito político

En su última columna, el distinguido tratadista y abogado Javier Tamayo sigue empecinado en ofrecer interpretaciones erróneas de mi libro “El derecho de los jueces”. No me atrevería a polemizar con tan dilecto amigo y jurista si no fuera por el hecho que sus afirmaciones son, esta vez, francamente inaceptables. En esta oportunidad Javier me acusa de un grave pecado: el punto esencial consiste en afirmar que en Colombia existe una teoría, a la que él denomina “nuevo derecho” y que su núcleo básico consiste en sostener una marcada aversión por la ley.

Hay afirmaciones que por su precisión llegan a convertirse en lugares comunes. Tal ocurre precisamente con la célebre frase del jurista alemán Claus Roxin cuando afirma (así, entre signos de exclamación) que “¡el derecho procesal penal es el sismógrafo de la constitución del Estado!” (Roxin 2000, 10). Esta afirmación expresa, con algo más de precisión, una idea que de todas formas ya había sido anunciada por Beccaria en relación a la proporcionalidad entre los delitos y las penas: “si hubiese una escala exacta y universal de las penas y de los delitos, tendríamos una probable y común medida de los grados de tiranía y de libertad, del fondo de humanidad o de malicia de las diversas naciones” (Beccaria 1990, 59). Según Beccaria, pues, los estados donde tal proporcionalidad exista serán estados libres y humanitarios; la desproporción, por el contrario, evidenciaría tiranía y malicia.

Danilo Rojas, profesor de la Universidad Nacional y miembro fundador de DeJuSticia, vuelve sobre el credo ?saramágico? acerca de la democracia

El derecho a la verdad es de gran centralidad en la discusión sobre la manera como deben ser enfrentados los crímenes atroces perpetrados en el seno de un conflicto armado o de un régimen autoritario. En efecto, la verdad se erige como un derecho individual de las víctimas a conocer las condiciones de tiempo, modo y lugar en las que acaecieron los crímenes atroces, así como en un derecho colectivo de la sociedad a acceder a un relato histórico sobre las razones por las cuales sucedieron tales crímenes atroces . Pero además, la verdad aparece como la condición básica para que los demás derechos de las víctimas sean garantizados . Así, sólo si se conoce la verdad de tales crímenes podrán garantizarse los derechos a la justicia y a la reparación, en la medida en que se sabrá quiénes fueron los responsables de las atrocidades y a quiénes deben éstos reparar por concepto de ello.