El autor muestra que los canales privados de televisión se han adaptado al mercado, en el que el sexo es un gancho, y terminan reproduciendo la cultura mafiosa que se está tomando el país.

El autor critica la propuesta gubernamental de eliminar el incentivo económico en las acciones populares, pues se podría acabar con ese mecanismo de protección de los derechos colectivos.

Este estudio fue encomendado con el objetivo de que se realizaran un análisis y una evaluación de la respuesta institucional de la política gubernamental en materia de justicia transicional frente al fenómeno del desplazamiento forzado en Colombia. Ahora bien, la principal conclusión del estudio es que la política pública en materia de justicia transicional invisibiliza la problemática del desplazamiento forzado, al tiempo que la política pública en materia de desplazamiento no tiene en cuenta las enseñanzas de las estrategias de justicia transicional ni los derechos de la población desplazada como víctimas de conductas atroces. Por esa razón, este documento no puede seguir enteramente el esquema de un estudio sectorial o de política pública, dado que el punto de partida de la reflexión aquí contenida es, justamente, que no existe una política pública de justicia transicional referida al tema del desplazamiento forzado. Este documento hace énfasis en esa carencia y, en particular, en la desarticulación actual de las políticas gubernamentales en materia de justicia transicional y de desplazamiento forzado. Ello con el fin de describir y analizar críticamente esta desarticulación y la manera como la misma afecta los derechos de la población desplazada, pero también de identificar y recomendar posibles formas de superarla.

Juan Fernando Jaramillo afirma que la inminente toma del Consejo Nacional Electoral por parte de la coalición uribista hará revivir el fantasma del fraude electoral y amenazará la democracia colombiana.

El autor resalta el poder normalizador que tiene el dinero en una sociedad con escasa movilidad social como la nuestra

Isabel Cristina Jaramillo y Helena Alviar consideran que diferentes herramientas jurídicas y la solidaridad de la comunidad son fundamentales para atacar la violencia doméstica.