El artículo debate las tres grandes controversias suscitadas por la tutela, a saber, (i) en qué medida ella ha sido un factor de congestión y qué hacer con la posible congestión que ha provocado; (ii) en qué medida esa acción judicial ha provocado inseguridad jurídica y ha afectado la cosa juzgada, debido a la existencia de tutela contra providencias judiciales, y qué se debe hacer frente a ese fenómeno; y, (iii) finalmente, si debe o no mantenerse la tutela para los derechos sociales. El artículo analiza esos tres puntos, intentando en cada uno de ellos reseñar la situación y los términos del debate, para luego ofrecer algunas perspectivas de solución.

El artículo analiza los alcances y límites de las tentativas de la Corte Constitucional colombiana por controlar el abuso de los estados de excepción. Luego de mostrar los dilemas que plantean los estados e excepción a los regímenes constitucionales, el artículo describe el contexto colombiano (una democracia pero en estado permanente de emergencia) y presenta la forma como la Corte Constitucional ha adelantado, desde 1992, un control ?material? de la declaratoria de los estados de excepción por el presidente, según la cual, es deber del juez constitucional examinar si los hechos invocados por el gobierno constituyen o no una crisis suficiente para legitimar el uso de los poderes de excepción. El artículo trata de explicar como ese control ha sido posible en una democracia precaria y con conflicto armado como la colombiana y cuáles efectos podrían atribuirse a ese control.

El artículo hace un balance general de la situación de la justicia colombiana, mostrando que ésta combina rasgos paradójicos, pues tiene un indudable protagonismo pero igualmente presenta profundas deficiencias. Esa situación explica la existencia de diagnósticos encontrados sobre la justicia colombiana y por ello ésta se encuentra en la encrucijada, ya que podrían aprobarse reformas que profundicen algunas transformaciones democráticas de la misma, o que por el contrario impliquen regresiones autoritarias.

El artículo analiza las razones del auge de la llamada justicia informal y comunitaria en los últimos años en Colombia y América Latina. Igualmente muestra las potencialidades democráticas de esas formas de justicia ?como son su carácter participativo y consensual, que favorecen la paz y la democracia- pero también sus riesgos antidemocáticos, como la canalización de las demandas sociales. Por ello propone superar una aceptación ingenua y total de esas justicias y diseñar estrategias que deliberadamente fortalezcan sus potencialidades democráticas y minimicen sus riesgos. El texto termina mostrando el importante papel que en ese campo puede tener la justicia de paz, como institución bisagra entre la justicia estatal y la justicia puramente comunitaria.

Este texto presenta los dilemas propios de todo proceso transicional y presenta los diferentes modelos o fórmulas que se han adoptado en diversos países, los cuales clasifica, según su contenido (perdones amnésicos, transiciones punitivas, perdones compensadores y perdones responsabilizantes) o según la manera como fue adoptada la fórmulaa de justicia transicional (justicia impuesta, autoamnistías, perdones recíprocos y transiciones democráticamente legitimadas). Luego de reconocer que el contexto es muy importante, el texto defiende para Colombia una transición fundada en perdones responsabilizantes y democráticamente legitimada.

El artículo busca resolver un interrogante ¿conviene o no utilizar el esquema de la justicia restaurativa como paradigma dominante para enfocar los problemas planteados por la justicia transicional en Colombia? Este interrogante es relevante ya que muchos defienden la idea de que los procesos de en curso deben fundarse en la justicia restaurativa. Para resolver esta cuestión, el texto enuncia los orígenes conceptuales y el significado de las categorías: justicia transicional y justicia restaurativa. Luego estudia varias complementariedades entre una forma de justicia y otra, pero igualmente analiza las importantes tensiones que existen entre ellas, lo cual muestra que hay grandes límites para que el enfoque restaurativo sea el paradigma de justicia dominante en contextos transicionales. El documento concluye que los procesos de justicia transicional, en especial aquéllos que hayan de tener lugar en Colombia, deben contener dosis inevitables de castigo para los responsables de graves violaciones de derechos humanos y, por ende, sólo deben contemplar la posibilidad de perdones cuando éstos sean proporcionados y responsabilizantes.