Tuve oportunidad de conocer la Carta Abierta que me dirige en este mismo número de Ámbito Jurídico y en la que me invita a iniciar un debate académico sobre interpretación constitucional y el nuevo derecho. Al darle respuesta, quisiera iniciar haciéndole una confesión: durante la época de estudiante leí, estudié y aprecié enormemente su obra “De la responsabilidad civil”. Me pone usted en desventaja, pues, al invitarme a debatir con quien considero un maestro. Sólo lo hago en respuesta a su invitación y con cabal conciencia del angosto camino que debo recorrer entre la delicadeza que le debo como discípulo y la firmeza que me autoriza el estar en desacuerdo con usted.

La reciente crisis ecuatoriana pone en evidencia que no es posible la estabilidad democrática sin un sistema judicial independiente. Una enseñanza para Colombia.

Según el profesor Diego López, los policías a veces aplican estrictamente los límites máximos de velocidad sólo para acosar a los ciudadanos.

La lucha de las radios comunitarias de Bogotá por el reconocimiento de su derecho a fundar emisoras comunitarias en ciudades capitales.

El Estado colombiano pierde valiosos recursos a causa de condenas judiciales surgidas de conflictos contractuales y extra-contractuales. En muchas ocasiones, las condenas son el resultado de las justas reclamaciones de ciudadanos y empresas perjudicados por acciones u omisiones del Estado. En muchos casos, sin embargo, las condenas resultan de una deficiente estrategia de defensa judicial estatal. Por ello, el Estado central y administraciones locales como la de Bogotá han emprendido en los últimos años programas de fortalecimiento de los sistemas de información y de litigio públicos, que buscan afianzar una estrategia eficaz de defensa judicial. Este texto recoge los resultados de una investigación sistemática de DJS que contribuye a esta tarea mediante el análisis de los nuevos programas estatales y el estudio empírico de los litigios extra-contractuales y laborales que más condenas generan contra el Estado colombiano. El estudio concluye con recomendaciones concretas para la consolidación de la nueva estrategia de defensa judicial estatal.

La pelea sobre la reforma laboral está para alquilar balcón. César Rodríguez pasa revista al debate y sostiene que, en vista de la incertidumbre de las cifras, la carga de la prueba sobre los 480.000 nuevos puestos prometidos por el gobierno les corresponde a los defensores de la reforma.