La elección de Trump sería una terrible trompada a la democracia, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, pues son claras sus simpatías por otros líderes autoritarios.

La conservación ambiental debe hacerse a través de una conversación genuina, justa y equitativa a nivel local con las comunidades y, a nivel internacional, entre los países del norte y los del sur global.

Mi propuesta es minimalista: reformar el artículo 264 de la Constitución, a fin de que los integrantes del CNE no tengan origen partidista sino que sean electos en forma semejante a los de la Corte Constitucional; que, además, su período sea más largo (nueve años, por ejemplo) y su renovación se haga en forma escalonada.

La esencia del fuero presidencial está preservada: el CNE no puede investigar penalmente a Petro ni tocar su periodo presidencial. El presidente, en vez de irresponsablemente denunciar un supuesto golpe de Estado, debería usar las amplias posibilidades a su disposición para cuestionar jurídicamente la decisión del CNE.

Petro tiene razón cuando detecta esa desconexión entre el deseo popular y el trabajo judicial, pero, como suele ocurrir en sus discursos, las buenas razones se entrelazan con imprecisiones, las intuiciones ciertas con las propuestas delirantes, y la detección acertada de los problemas con el simplismo de las soluciones.

El Congreso debe actuar con urgencia y responsabilidad para evitar que el Presupuesto General de la Nación se apruebe por decreto, asegurándose de que se discuta y ajuste de acuerdo a la realidad económica del país, de modo que los recursos lleguen a quienes más los necesitan.

Décadas de prohibicionismo han configurado un complejo laberinto de normas, que hay que reescribir. Mientras esto ocurre, se diluyen las expectativas de cultivadores y usuarios de marihuana, en medio de fuego cruzado y las tensiones alrededor de este tema que se reavivan.

Infortunadamente, esa perversa tecnología de degradación normativa aún persiste como elemento de la cultura jurídica en Colombia. Debemos esforzarnos por superarla y desarrollar en todos los funcionarios una genuina cultura cotidiana de respeto de los derechos humanos. Una tarea difícil pero imprescindible.

Será la cabeza del órgano encargado legalmente de garantizar el derecho de acceso a la información pública y la transparencia que le hicieron falta en el Senado.