Dejusticia, en alianza con la Misión de Observación Electoral (MOE), presentó una demanda de nulidad electoral contra la elección de Gregorio Eljach Pacheco como Secretario General del Senado. La demanda formula dos cargos: primero, la votación de la elección debió ser pública y nominal y no secreta, como efectivamente se hizo, y segundo, Gregorio Eljach no obtuvo el número de votos suficientes que exige la regla de mayoría definida por la Constitución.

Dejusticia intervino ante la Corte Constitucional respaldando la petición de la tutela presentada por Mónica Roa y otras mujeres contra funcionarios de la Procuraduría General de la Nación por vulnerar su derecho a la información y en consecuencia, sus derechos sexuales y reproductivos, entre otros. Sostenemos que los funcionarios de la Procuraduría tienen un deber de suministrar información veraz e imparcial de forma proactiva pues ésta es fundamental para el ejercicio de los derechos de toda la ciudadanía. En virtud de sus funciones públicas tienen un deber reforzado que exige una rectificación inmediata cuando por cualquier medio se enteran que han emitido información errada. En el caso concreto, demostrada la inexactitud de algunas afirmaciones hechas por los accionados, solicitamos que las corrijan para garantizar el derecho a recibir información veraz.

DeJuSticia presentó una demanda contra el Acto Legislativo No. 01 de 2011 que dice que no habrá conflicto de intereses cuando los Congresistas tramiten actos legislativos. Argumentamos que al expedir esta reforma el Congreso incurrió en un vicio de competencia en cuanto alteró un elemento esencial del principio democrático según el cual los congresistas deben actuar siempre en procura del interés general y no de sus intereses privados. Así mismo consideramos que en este caso el examen de la Corte debe ser más estricto porque es una reforma hecha por Congresistas para eliminar sus deberes, cambiar su régimen sancionatorio y eliminar garantías constitucionales en el trámite de reformas a la Constitución.

DeJuSticia y la Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- presentamos algunos estándares que deben aplicarse para proteger los derechos que frecuentemente se ven amenazados con las actividades de inteligencia y, al mismo tiempo, asegurar la efectividad de las mismas. La intervención expone objeciones y cargos contra diferentes apartados de la ley en relación con: i) la caracterización de las actividades de inteligencia y la delimitación de las competencias que se asignan; ii) el alcance de la reserva legal y la clasificación de documentos públicos; iii). el control a los organismos de inteligencia; iv) los métodos propuestos para recolectar información; y v) la creación de nuevos tipos penales que enfrentan el ejercicio de derechos fundamentales y la reserva de información de secreta.

Dejusticia respaldó la declaratoria de inconstitucionalidad de los artículos 60, 61 y 62del PND porque contienen medidas que favorecen la concentración de la tierra y que constituyen un retroceso en la garantía del derecho de los trabajadores agrarios de acceder progresivamente a la propiedad de la tierra. En la Sentencia C-644 del 2012, de agosto 23, la Corte declaró inexequibles los artículos 60, 61 y 62 del Plan Nacional de Desarrollo pues los considera una medida regresiva que propicia la concentración de la tierra y genera un retroceso en los deberes del Estado de promover el acceso progresivo a la tierra por parte de los trabajadores agrarios. Con este fallo la Corte adoptó el argumento propuesto por DeJuSticia.

Dejusticia intervino ante la Corte en el control de constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria de reforma política, específicamente en el estudio de los artículos 2°, 28 y 47. En nuestra opinión, el artículo 2, que amplía la prohibición de no pertenecer a más de dos movimientos o partidos políticos con personería jurídica al incluir los que no tienen personería jurídica, es constitucional por ser una medida razonable que no afecta el núcleo esencial del derecho político de afiliarse o retirarse de una organización política. Apoyamos también la constitucionalidad del artículo 28 referente a la cuota de participación política (los partidos o movimientos políticos deben incluir mínimo un 30% de cada sexo en la conformación de listas para corporaciones públicas) ya que es coherente con los deberes del Estado en materia de promoción de participación política de las mujeres, la realización efectiva de sus derechos, el cumplimiento de obligaciones internacionales, entre otras. Finalmente, solicitamos la inconstitucionalidad del artículo 47 que modifica la conformación del censo electoral por vicios en su trámite legislativo, porque incorpora un trato desigual e injustificado entre los votantes y abstencionistas de las elecciones pasadas, y porque atenta contra el concepto de censo electoral.

Dejusticia demandó la elección de los magistrados del Consejo Nacional Electoral efectuada por el Congreso de la República el 30 de agosto de 2010. La demanda presenta un cargo único según el cual dicha elección es nula porque se realizó mediante voto secreto y no mediante voto nominal y público, tal como lo dispone el artículo 133 de la Constitución. Sostenemos que el voto secreto es incompatible con el régimen de bancadas establecido a partir del Acto Legislativo 01 de 2003, en tanto impide que los partidos ejerzan un control efectivo sobre la actividad parlamentaria de sus miembros. Solicitamos por tanto que se anule la elección y que se ordene su repetición con el sistema de voto nominal.

Dejusticia apoya la solicitud de declaratoria de inexequibilidad del parágrafo del artículo 40 de la Ley 5° de 1992 (Reglamento del Congreso) que dispone que las mesas directivas de las comisiones del Congreso se elegirán aplicando la regla de mayorías.

DeJuSticia interviene con el fin de impugnar la demanda y defender la constitucionalidad de los artículos 14 a 17 de la Ley 1335 de 2009 (Ley antitabaco). Las normas demandadas establecen prohibiciones a la publicidad de productos derivados del tabaco. En la intervención se defiende la idea de que dada la probada nocividad del tabaco, bien puede el Estado establecer para estos productos un “mercado puramente pasivo”, esto es, que el Estado los tolera -lo cual incluye permitir su comercialización y consumo-, pero desestimula su uso y por ello prohíbe la publicidad y el fomento del mismo.