Que la demanda contra la elección del fiscal sea un litigio de interés público implica, como su nombre lo indica, que nos interesa a todos.

Noruega y Cuba explícitamente señalan que su deber como garantes es cumplir el protocolo. Pero lo peor es que políticamente ese llamado al incumplimiento del protocolo hace prácticamente imposible cualquier proceso de paz o cualquier gestión humanitaria en el futuro.

¿Hasta dónde puede llegar un abogado para defender los intereses de sus clientes?

El punto central es que Cuba no está albergando a los negociadores del ELN con el fin de dar apoyo a esa organización en su lucha armada, sino que lo ha hecho por solicitud del gobierno colombiano para poder avanzar en un proceso de paz, aceptado por el Estado colombiano.

El nuevo libro de Dejusticia Un Camino Truncado: Derechos Sexuales y Reproductivos en Montes de María lleva la mirada a una de las zonas más afectadas por el conflicto armado con el objetivo de comprender, a partir de los relatos de las montemarianas, cuál es la vigencia y la garantía de estos derechos.

La flexibilidad en los tiempos impide que tengamos que convivir con la inseguridad jurídica de contar con un fiscal que esté en condiciones de favorecer a sus antiguos asesorados en el caso de corrupción más grande de la región y del siglo.

La legislación y la jurisprudencia de otros países muestran esfuerzos considerables para aprovechar el potencial que tiene la divulgación de los intereses privados de funcionarios públicos como una herramienta anti-corrupción. En contraste, Colombia está aún en mora de adoptar estas reformas y pronunciamientos judiciales.

Es un deber ciudadano exigir que la cabeza de la Fiscalía sea modelo de moralidad pública y ofrezca garantías de imparcialidad judicial reales y aparentes.

El gobierno lanzó en diciembre una política de drogas que enuncia “futuro”, pero en realidad solo anuncia la insistencia de viejas y fallidas estrategias.