Juan Pedro Lares, que fue secuestrado en la casa de su familia en julio del año pasado por cien miembros de la inteligencia venezolana vestidos de civil, la Guardia Nacional, la policía y grupos de civiles armados fue finalmente liberado. Sin embargo, un sentimiento de injusticia aún persiste.

La verdadera razón de la censura es que los productores de comida chatarra presionan a algunos medios para que no publiquen los anuncios, recordándoles que pueden perder su lucrativa pauta publicitaria.

En solo dos meses deberá construirse un gran acuerdo sobre el rumbo del campo, que involucre a comunidades campesinas y étnicas, gobiernos locales, y empresas extractoras de minerales, productores de palma, banano o maderables, que se expandieron después del conflicto.

Las consultas, las audiencias y el conocimiento local no siempre aciertan, ni son la solución a todos los problemas. Pero ignorarlos puede tener costos trágicos, como en la lamentable situación de Hidroituango. La emergencia muestra que lo ineficiente y costoso puede ser ignorar la voz de los lugareños y la sociedad civil.

A pesar de esos errores, la decisión de la JEP no es arbitraria ni peligrosa, pues se limitó a entrar a estudiar la extradición de Santrich y a pedir pruebas con el fin de evaluar la fecha del delito que le atribuyen.

Hasta ahora, pocas decisiones tomadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) han estado libre de polémica. No podría ser de otro modo: se trata de una nueva y compleja institucionalidad enfrentada a múltiples retos, que además todavía carece de una regulación completa que oriente sus providencias.

Según la MOE, en Colombia no se sabe dónde está ubicada la mitad de los puestos de votación de las zonas rurales. Inexplicablemente, la Registraduría no tiene o no entrega los datos precisos.

La situación que están viviendo los pueblos indígenas y afrodescendientes en este momento muestran que para ellos la paz es un proyecto inconcluso.

Toda la crisis humanitaria guajira debe atenderse y frenarse con las herramientas disponibles, en las que la Corte Constitucional tiene mucho que decir.