El Día de la Mujer, que fue conmemorado el pasado 8 de marzo, es un buen momento para reflexionar sobre estereotipos y discriminaciones que persisten contra las mujeres y que es necesario superar.

Si existiera un índice para medir la rabia de los países, Colombia calificaría entre los primeros. Una expresión más cercana de la rabia colombiana la vemos hoy en el debate electoral, lleno de insultos e improperios.

Cientos de niños, niñas y adolescentes fueron víctimas de crímenes atroces durante el conflicto armado. En este escenario, la JEP tiene el reto de incorporar un enfoque especial en materia de infancia en los procesos y en las decisiones que adopte.

Debido a su importancia histórica, algunos medios regionales se acercaron a registrar fotográficamente el proceso de exhumación de los cuerpos de la Masacre de Bojayá. La comunidad vio este tipo de registro como un agravio al derecho a vivir un duelo digno, uno que no pudieron llevar cuando sucedió la masacre.

Es tan problemático y diciente que Uribe decida, una vez más, no seguir las reglas de juego. Acusa de “calumniador” a un periodista ante las barras bravas de las redes sociales, pero no ante los jueces, como sí lo hizo el periodista y como él debería hacerlo si su señalamiento tuviera asidero.

A pesar de que los colombianos tenemos un cierto nacionalismo sentimental, carecemos de la capacidad de actuar colectivamente para acometer grandes proyectos globales. Debemos construir esa cohesión nacional sobre la base de un relato que nos una dentro de nuestra propia diversidad.

Es tiempo de diseñar políticas efectivas para reducir los accidentes de tránsito en el mediano y largo plazo. Solo con un transporte público bien cimentado y barato se podrán aplicar restricciones eficientes y justas al transporte privado.

Como sociedad, queremos saber quiénes participaron en el conflicto armado con fines económicos o a partir de sus actividades comerciales. La Comisión de la Verdad debe ser uno de los espacios para ello.

Una dimensión que suelen olvidar los críticos de la Corte Constitucional es que todos los derechos implican gasto. Por eso hay que tener en cuenta tanto los costos como los beneficios de una decisión judicial.