El atraso en bienestar social de Cartagena, tiene buena parte de sus raíces en la corrupción y en las sucesivas crisis institucionales que esta ha producido. Salvo honrosas excepciones, el clientelismo ha sido el modelo con que se ha gobernado y eso incluye comprar los órganos de control para garantizar la impunidad.

Si queremos superar la postverdad y salir de la polarización que nos amenaza, Colombia necesita un debate público sólido pero informado; un debate con vigor pero sin mentiras, falsedades o ataques injustos como del que fui objeto la semana pasada por parte del exprocurador Alejandro Ordóñez.

Este año se cumplen 30 años de la muerte de Héctor Abad Gómez. Como buen salubrista público, creía que había que vacunar a los niños, inculcar medidas de higiene en los adultos, mejorar la alimentación y evitar que la gente se matara peleando. En síntesis, luchó contra las dos epidemias que más gente matan: la pobreza y la guerra.

El atraso en bienestar social de Cartagena, tiene buena parte de sus raíces en la corrupción y en las sucesivas crisis institucionales que esta ha producido. Salvo honrosas excepciones, el clientelismo ha sido el modelo con que se ha gobernado y eso incluye comprar los órganos de control para garantizar la impunidad.

En Colombia se han practicado apenas 18 eutanasias en los dos años que lleva la regulación. En Canadá, en cambio, en solo seis meses de vigencia de una norma equivalente, se han hecho más de 800 eutanasias. Una sociedad debe ser juzgada no por cómo trata a los más poderosos, sino a los que están en condiciones de mayor debilidad.

Hoy en día, las desapariciones forzadas siguen siendo utilizadas como arma política, no sólo en dictaduras como Venezuela, pero incluso en democracias, en los países sometidos a un conflicto interno y aquellos en transición política.

Puede que la prohibición constitucional del paramilitarismo no haga desaparecer mágicamente este atroz fenómeno y sus consecuencias en Colombia. Pero significaría un gran paso en la construcción de una política robusta para prevenir y sancionarlo, junto con las complicidades que lo han hecho posible.

Los abogados en Colombia ni se controlan (autoregulación), ni se dejan controlar. Todo empieza por las facultades de derecho, que enseñan y hacen lo que se les antoja, o casi. Pero lo más grave viene después, cuando los estudiantes obtienen el título de abogados y pueden escoger entre ser litigante, juez, profesor de derecho, notario o funcionario público.

Para entender y superar las prácticas corruptas, hay que ver el resto del iceberg: la gran mayoría de conductas irregulares, que pueden no ser tan espectaculares ni tan visibles, pero sin las cuales no existirían los delitos más graves.