Lo que pasó con las miles de toneladas de ñame represadas en Montes de María demostró que no hubo planeación del Gobierno, ni monitoreo de la producción rural ni de las alianzas productivas, lo que acabó convirtiendo el trabajo campesino en un fracaso del mercado.

Una reforma judicial no sirve de mucho mientras no haya cambios profundos en las costumbres judiciales y, más concretamente, en el talante moral de los magistrados.

La Jurisdicción Especial para la Paz debe estar compuesta por personas seleccionadas con criterios y procedimientos libres de sospechas. Aún más en un momento crítico para la justicia, que va en una orden de captura contra el expresidente de la Corte Suprema Francisco Ricaurte.

Los pobladores de los pueblos palafíticos de la Ciénaga Grande de Santa Marta le están reclamando a la justicia colombiana sus derechos a la alimentación y al agua, luego de años de vivir en medio de la una de las peores tragedias ambientales del país.

Las Farc deben pedir perdón a todas las personas LGBTI por haber violado la dignidad humana de una población históricamente discriminada, y explicar si esto se trató de una política institucional.

Este mecanismo es una oportunidad extraordinaria para acelerar la transformación estructural del campo para que se viva mejor, reversar los efectos del conflicto y contribuir a la reparación y reconciliación en los territorios.

Necesitamos entender que la persona que lucha contra una adicción se enfrenta a una enfermedad que necesita políticas de salud pública, tanto como aquellos que se encuentran al final de sus vidas. La experiencia del dolor, si lo experimentamos nosotros mismos o vemos un ser querido sufrir, debe recordarnos la fragilidad de la vida y la necesidad de la compasión y empatía. 

Mientras se toman medidas más profundas para enfrentar la grave crisis judicial que vivimos, las propias Cortes y la Fiscalía deben adoptar acciones inmediatas de transparencia para enfrentar la corrupción y que la ciudadanía recobre algo de confianza.

Del escándalo en la Corte Suprema lo primero que sorprende es la mediocridad de los magistrados involucrados, pero lo más grave son los indicios de un red de corrupción. De confirmarse, este sería el peor horror institucional de las últimas décadas.