El atraso en bienestar social de Cartagena, tiene buena parte de sus raíces en la corrupción y en las sucesivas crisis institucionales que esta ha producido. Salvo honrosas excepciones, el clientelismo ha sido el modelo con que se ha gobernado y eso incluye comprar los órganos de control para garantizar la impunidad.

En Colombia se han practicado apenas 18 eutanasias en los dos años que lleva la regulación. En Canadá, en cambio, en solo seis meses de vigencia de una norma equivalente, se han hecho más de 800 eutanasias. Una sociedad debe ser juzgada no por cómo trata a los más poderosos, sino a los que están en condiciones de mayor debilidad.

Hoy en día, las desapariciones forzadas siguen siendo utilizadas como arma política, no sólo en dictaduras como Venezuela, pero incluso en democracias, en los países sometidos a un conflicto interno y aquellos en transición política.

Puede que la prohibición constitucional del paramilitarismo no haga desaparecer mágicamente este atroz fenómeno y sus consecuencias en Colombia. Pero significaría un gran paso en la construcción de una política robusta para prevenir y sancionarlo, junto con las complicidades que lo han hecho posible.

Los abogados en Colombia ni se controlan (autoregulación), ni se dejan controlar. Todo empieza por las facultades de derecho, que enseñan y hacen lo que se les antoja, o casi. Pero lo más grave viene después, cuando los estudiantes obtienen el título de abogados y pueden escoger entre ser litigante, juez, profesor de derecho, notario o funcionario público.

Para entender y superar las prácticas corruptas, hay que ver el resto del iceberg: la gran mayoría de conductas irregulares, que pueden no ser tan espectaculares ni tan visibles, pero sin las cuales no existirían los delitos más graves.

Esta medida -que sin duda causa alarma y crea problemas- es necesaria para mitigar los daños que produce la incapacidad del Estado colombiano para prestar este servicio básico de manera rápida y eficiente. Seis precisiones necesarias sobre una Ley que ha sido muy mal entendida.

Nuestros gobernantes y políticos nos tienen acostumbrados a discursos en donde dicen que los niños y las niñas están en el centro de sus gobiernos y de sus políticas, pero la realidad es distinta. Por eso, es hora de colocar a los niños y a las niñas en el centro del Estado.

La crítica a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) de ser inaceptable por violar la prohibición de la retroactividad penal, en realidad está confundiendo dos cosas relacionadas pero distintas: la retroactividad de las leyes que crean delitos o agravan penas, que no es admisible en una democracia; y la retroactividad de los tribunales penales, que es apropiada en ciertas circunstancias.