Una nociva tendencia se incrustó en la región desde hace años. Consiste en creer que la cárcel es la única forma de combatir la criminalidad y en estigmatizar a ciertas poblaciones como “criminales”.  Como resultado, los políticos incrementan las penas y los delitos, la sociedad pide más cárcel, los medios de comunicación dicen que la inseguridad es alta, el hacinamiento carcelario aumenta y la xenofobia se extiende. Todo esto sin que la cárcel muestre que es efectiva y eficiente.    

La creciente polarización sobre la paz está erosionando aún más el debate y la convivencia democrática, debido al recurso a estigmatizaciones contra quienes defienden ciertas posiciones, como me ha sucedido por el debate sobre la llamada “responsabilidad del mando” (RdM).

No es fácil aceptar un conflicto  de interés. En general, una persona que tiene que tomar decisiones en un caso suele creer, de buena fe, que no se va a dejar influenciar. Pero en la práctica es difícil sustraerse de los propios intereses, por lo cual la ley hace varias listas de causales de separación de los asuntos.

Por la vía rápida del Congreso, la implementación del acuerdo de paz está dejando por fuera a los pueblos étnicos. Mucho antes de que hubiera una mesa en La Habana, los laboratorios de paz fueron los territorios de los nasa del Cauca, de los wiwa de la Sierra o de las comunidades negras del Pacífico, que se resistieron a tomar las armas o irse en medio de la violencia guerrillera y paramilitar y la estigmatización estatal.

En Bogotá se tienen dos imágenes de La Guajira. Para algunos es un paraíso turístico. Para la gran mayoría es el sinónimo de crisis institucional.

El punto de drogas del acuerdo de paz menciona estrategias para la sustitución de cultivos ilícitos, el fortalecimiento de la lucha contra las finanzas ilegales y los grupos narcotraficantes, atención al consumo y la promoción de un debate internacional en torno a la política de drogas. Sin embargo, se quedó corto en dar una solución integral para las comunidades asociadas al cultivo de la hoja de coca. 

Para nadie es un secreto que los activistas de la salud han tenido que enfrentar tácticas agresivas, ilegales y corruptas por parte de las industrias que combaten. Sin embargo, nadie sospecharía que los activistas de la alimentación saludable también tuvieran que enfrentar dichas tácticas de juego. La infiltración de comunicaciones y la censura se han convertido en formas recurrentes para detener su trabajo en América Latina.

El Gobierno parece buscar  convertir el llamado fast track (la “vía rápida”), en una especie de fat track (una “vía gruesa”). Al menos esa es la impresión que deja su idea de usarlo para aprobar reformas constitucionales, como el voto obligatorio o las listas cerradas en las elecciones, que pueden ser buenas, pero que no tienen un vínculo claro con el Acuerdo de Paz.

Con la marcha de los miembros de las Farc a las zonas veredales y las sesiones en el Congreso que han ido integrando lo pactado a la legislación colombiana, el Acuerdo de Paz se va volviendo una realidad tangible. Eso sí, no sin incertidumbres y sin mucha rimbombancia.