El nuevo Código de Policía crea una facultad para la policía llamada “traslado por protección”(artículo 155). El nombre parece bondadoso, pero este medio de policía, tal y como está diseñado, viola los derechos fundamentales y será una fuente de detenciones arbitrarias contra los ciudadanos más vulnerables.

Nuestro investigador Sebastián Lalinde analizó para El Espectador los problemas del nuevo Código de Policía, que está en vigencia desde el 30 de enero. Dejusticia ha interpuesto dos demandas contra esta ley por violar el derecho a la protesta y a la intimidad.

En medio de una intersección con mucho tráfico, Beit Barakat, o la Casa Barakat, es un edificio imponente. La mayoría de los beirutíes la pasan cada día sin saber que detrás de su exterior amarillo y lleno de agujeros de balas se encuentran casi un siglo de recuerdos y una lucha continua

La llamada "responsabilidad del mando” es un tema técnico, que genera perplejidades incluso entre expertos. Pero es muy importante, pues la legitimidad de la jurisdicción especial de paz (JEP) depende en mucho de que el asunto sea adecuadamente resuelto.

La corrupción está de moda y sin embargo nunca ha dejado de estarlo.

Algo paradójico está pasando con la participación ciudadana tras el fin de la guerra con las Farc. Quienes inicialmente se opusieron al plebiscito pero terminaron ganándolo, abrazan de repente la participación para alegar que el acuerdo de paz es ilegítimo. En cambio, quienes apoyaron el plebiscito y promovieron la democracia participativa a lo largo de los años, parecen a la defensiva tras la sorpresa del 2 de octubre.

Debe haber alguna manera de incorporar los principios normativos del marco de los derechos humanos en las comparaciones visuales que hacemos.

El mayor reto de 2017 es consolidar la paz. El Acuerdo logrado entre el Gobierno y las Farc promete impulsar una reforma rural integral, un proceso de apertura democrática, un sistema que garantice los derechos de las víctimas del conflicto armado y algunas soluciones al problema de las drogas de uso ilícito. Promesas que deberán materializarse con un enfoque de género, el cual llegó al Acuerdo gracias a la persistencia del movimiento social de mujeres y permaneció en él, pese a haber sido tergiversado durante la campaña del plebiscito.