Dos objeciones esenciales ha planteado el expresidente Uribe al acuerdo de paz: que los responsables de crímenes atroces no tengan cárcel, y que puedan ser elegidos a cargos públicos.

Dijo CM& el mes pasado que de la lista de 800 colombianos que aparecen en las filtraciones de los Papeles de Panamá, tres personas confesaron en la DIAN que tenían ahorrado dinero en empresas panameñas que no pagaban impuestos.

El título de esta columna no viene de las últimas noticias sobre el paro en Chocó. Lo tomo en préstamo de una crónica publicada en este diario en 1954. Su autor, un reportero de 27 años con ilusiones de novelista, fue enviado a Quibdó a cubrir otra protesta contra el gobierno central. Pero lo que escribió entonces Gabriel García Márquez podría ser publicado en el diario de hoy sin cambiarle una coma.

Si seguimos ignorando los impuestos vamos a seguir estando al margen de las discusiones de política pública más importantes de nuestro tiempo. 

Una objeción taquillera al proceso de paz es que algunos guerrilleros no pagarán cárcel. Pero no podemos olvidar que los beneficios de la cárcel son dudosos.

Los hijos no son del Gobierno ni del Estado, dijo el procurador en su enfrentamiento con la ministra de Educación. Y tiene razón.

¿Por qué votar sí por un plebiscito que permitirá a las Farc participar en política? Porque el fin básico de la democracia es reemplazar la violencia por elecciones. Como dijo Bobbio, la democracia es el único sistema a través del cual los ciudadanos pueden deshacerse de sus gobernantes sin derramar sangre.

Son programas donde a los adolescentes se les trate como sujetos de derechos los que abren las puertas a las soluciones del incremento de la violencia juvenil, no la mano dura de la responsabilidad penal.

Coincido con la advertencia de Francisco Gutiérrez sobre la desmedida confianza de los partidarios del SÍ en el plebiscito por la paz.