Pese a ser más de la mitad de la población y el grupo con mayor número de víctimas en Colombia, la inclusión de las mujeres en los espacios de decisión relacionados con la paz no supera el 3,6%.

Esas fueron las palabras del alcalde de Dallas, Mike Rawlings, en la vigilia celebrada después de que cinco policías fueron fatalmente baleados por un hombre armado durante una protesta pacífica de Black Lives Matter (Las Vidas Negras Importan –BLM), organizada tras el asesinato de dos afroamericanos a manos de la policía. Entonces, hablemos de la raza.

El Estado tiene que construir sistemas de solución con base en lo que existe en los territorios e integrar los sistemas no estatales de resolución de conflictos a la estrategia.

En la entrada anterior sostuve que hay otras políticas más importantes que el perdón después de los acuerdos de paz, como el diseño de buenos mecanismos para solucionar conflictos. 

José Manuel Acevedo propuso en su última columna que la Corte Constitucional señale que en el “plebiscito para la paz” (que en realidad es más una consulta popular que un plebiscito) exista la posibilidad de que las personas voten en blanco.

Una crítica al llamado “plebiscito para la paz” es que éste reemplazó el “umbral de participación” (UP) por un “umbral aprobatorio” (UA), que priva de efectos jurídicos a la abstención, lo cual sería antidemocrático y violaría el derecho a la “abstención activa” que la Corte Constitucional ha reconocido frente a los mecanismos de participación ciudadana, como los referendos, los plebiscitos o las consultas.

Con la atención pública que han concentrado los recientes anuncios de paz ha pasado casi desapercibido el hecho de que la Ley de víctimas llegó a sus primeros cinco años de vigencia. La mitad de su vida útil si nos atenemos al plazo que se le otorgó.

Dieciséis ministros y el vicepresidente Vargas Lleras ya hicieron públicos sus bienes y rentas. Todo el gabinete aceptó la invitación de Santos y de una campaña de Transparencia por Colombia a divulgar los ingresos de funcionarios públicos.

This month, we celebrate the first 25 years of the Colombian Constitution of 1991, which was, perhaps, the most important political event in the country in the last few decades. It was a political project with the ultimate goal of achieving peace. A quarter centruy after it was adopted, and at the threshold of the signing of a peace agreement, it is time to assess the achievements and the unfulfilled promises of the Constitution.

What follows are some of the research publications with which Dejusticia has contributed to this debate: