En los años que llevo escribiendo esta columna, nunca he recibido comentarios tan virulentos como cuando hablo de los derechos de la población LGBTI: cuando la homofobia de su colegio apagó la vida de Sergio Urrego, o cuando las parejas del mismo sexo dejaron de ser ciudadanas de segunda clase y pudieron unirse en relaciones civiles o matrimonios.

Este proyecto que está en trámite en el Congreso, no parece prevenir conductas contrarias a la convivencia y sí legaliza la estigmatización de algunas poblaciones.

Ni la jurisdicción de restitución de tierras, ni los reclamantes a quienes Cabal tilda de “vagos, bandidos que no les gusta trabajar”, ni mucho menos los campesinos vulnerables que ocupan los predios solicitados.

Un día, un rumor llega a tu puerta: mataron 50 personas en una discoteca gay de Orlando y la primera reacción es la incredulidad. Cuando se puede ver con los propios ojos aquello que parece una historia de horror, vienen preguntas llenas de pesadumbre.

El hambre y la obesidad son evitables en el mundo de hoy. Son el resultado de las decisiones políticas que los Estados han tomado sobre la producción, procesamiento, comercialización y distribución de los alimentos.

Los apasionados por el deporte que crecimos en los años 70 fuimos todos fans de los dos reyes del deporte de esa época: Pelé y Muhammad Ali.

El Concejo de Bogotá aprobó hace poco una medida que permite evitar el pico y placa pagando una suma de dinero de aproximadamente cuatro millones de pesos al año. En pocas palabras, la medida permite comprar una exoneración para no tener que obedecer.

“Vamos pueblo carajo, el pueblo no se rinde carajo” cantó por más de diez días la Cumbre Agraria, Étnica y Popular. 

El flaco debate sobre el actual paro campesino y étnico muestra que seguimos sin tomar en serio los movimientos sociales. El punto ciego no es solo del presidente Santos –“el tal paro no existe”, dijo en las marchas de 2013—, sino se extiende a los medios, el Estado y la academia.