La semana pasada, la Corte Constitucional declaró inconstitucional el modelo de administración de la rama judicial introducido en el “equilibrio de poderes”. La sentencia C-285 de 2016 desató una indignación de tirios y troyanos que llegaron a calificar a la Corte como “dictatorial” o a compararla con un emperador.

LA COMISIÓN INTERAMERICANA de Derechos Humanos (CIDH) ha sido fundamental para la lucha por la democracia en América Latina pues en muchos casos ha sido la única institución a la cual han podido recurrir las víctimas de atropellos, cuando no han encontrado respuesta en sus propios países, como los familiares de los desaparecidos de las dictaduras argentina o chilena, o de masacres en Colombia, o los perseguidos políticos en Venezuela, o los periodistas censurados en Ecuador. Y la CIDH ha jugado también un papel esencial en momentos cruciales, como la resistencia de los peruanos frente a la dictadura de Fujimori o la investigación sobre los estudiantes mexicanos desaparecidos de Ayotzinapa.

Hace un par de semanas la facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional homenajeó a un grupo de docentes por su trayectoria académica. Entre ellos estaba el sociólogo Miguel Ángel Beltrán, quien, como la opinión publica sabe, fue destituido por la Procuraduría, acusado de colaborar con las Farc y posteriormente condenado en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá.

La pregunta que hacen todos aquí en Salento (Quindío) es la misma que he oído en boca de alcaldes y líderes sociales de muchos municipios: ¿pueden los títulos mineros otorgados por el Gobierno Nacional pasar por encima de la decisión local de privilegiar otras actividades, como el turismo, la agricultura o la preservación de las fuentes de agua?

El jueves pasado, la Corte Constitucional realizó una audiencia pública sobre el proyecto de ley estatutaria que autorizaría un plebiscito para la refrendación de los acuerdos de paz.

Deberíamos aprovechar este momento en que el país comienza a hacerse preguntas sobre el papel de la cultura en el posconflicto para considerar el tema de manera más amplia.

Era un día soleado de febrero, y la puerta de entrada de la casa de familia estaba adornada con una cinta morada. En la sala saltaban a la vista las fotos de Juanse, y los cuadros que sus amigos le habían regalado. Hablamos por horas con sus padres y su hermana, conocimos a Juanse a través de la familia que hacía dos semanas había acompañado la partida de su hijo y hermano de 14 años.

En Colombia, durante todo el siglo XX, se expidieron leyes agrarias que regulaban la propiedad y la explotación de la tierra, una de las causas más prominentes del conflicto armado. Las más importantes fueron la Ley 200 de 1936, la Ley 135 de 1961, la Ley 1° de 1968 y la Ley 160 de 1994. Todas, propuestas ambiciosas.  Sin embargo, la implementación de estas leyes ha sido un fracaso.