En Colombia existe una vieja cultura política que, a fuerza de evitar la tiranía, se volvió negligente con la anarquía. Esto ha dificultado la construcción de un Estado eficiente y con poder administrativo para hacer respetar la ley. Me explico.

Hace tres semanas escribí que 33 niños menores de cinco años habían muerto de hambre este año en Colombia.

El FBI perdió la batalla por la seguridad ante Apple que se negaba a violar la privacidad de un celular terrorista, pero en la era digital surgen todos los días nuevos riesgos.

Nuestras altas cortes tienen una muy baja representación de mujeres y no existe ningún esfuerzo institucional para revertir esta tendencia que hace de la cúpula del poder judicial un espacio mayoritariamente masculino.

Hasta hace un par de semanas, yo no había escuchado los narcocorridos colombianos. 

Para que otros modelos de educación consigan lo que logra modelo finlandés los cambios institucionales no bastan, la política pública de educación debe atender también los factores materiales y culturales relacionados.

La Corte Constitucional deberá definir si en Colombia hay matrimonio igualitario, esto es, si las parejas del mismo sexo tienen el derecho a casarse que tenemos las parejas heterosexuales; o si sólo pueden aspirar a formalizar su unión y su familia con un contrato distinto, una especie de “unión solemne”.

Si los medios, la Contraloría y los ciudadanos quieren evitar el siguiente despojo a las finanzas públicas, deberían concentrarse en la lluvia de demandas que empresas multinacionales anuncian contra el Estado en virtud de los TLC.

Colombia parece estar atravesando por un momento crucial de su historia; un momento en el que cualquier cosa puede pasar; desde lo mejor hasta lo peor.