La historia tiene extrañas coincidencias.

En Semana Santa la gente se confesaba.

Cuando la restitución de tierras choca con la política minero-energética del país es necesario tomar decisiones que resuelvan las tensiones que se generan, priorizando los derechos fundamentales de las víctimas.

Nos prometieron que hoy, 23 de marzo, el acuerdo de finalización del conflicto entre el Gobierno y las FARC estaría firmado, pero no fue así.

Todos, en algún momento, hemos estado cerca al dolor de un ser querido: una abuela con cáncer en casa, un padre en la unidad de cuidados oncológicos, un hermano en sesiones de radio y/o quimioterapia.

Al parecer, la mesa de La Habana aceptó reunirse con representantes de los pueblos indígenas y de las comunidades negras en los próximos días, luego de reiteradas solicitudes de estos grupos.

Hace unas tres semanas escribí sobre la confusión que existe en muchas universidades del país (empezando por las católicas) entre política, religión y academia.

Treinta y tres niños han muerto de hambre este año en Colombia, doblemente olvidados: primero por los gobiernos y luego por los ciudadanos y los medios.

Recientemente, se han escuchado muchas voces contra la refrendación del acuerdo de paz. Algunas de ellas son de orden político y otras tienen un argumento constitucional de fondo. Sin embargo, la refrendación no es un capricho del presidente, es, sobre todo, un desarrollo directo de la Constitución.