Un antiguo compañero de facultad escribe en un periódico y envía semanalmente sus columnas a los que fuimos parte del curso.

El mal, esa condición que no suele tener adjetivo alguno, lo tuvo en Sudamérica una vez se destaparon las atrocidades del régimen militar en Argentina. 

Alejandro Reyes revivió un debate de la restitución de tierras: cómo determinar qué ventas de tierras se realizaron voluntariamente, a pesar de haberse dado en zonas influenciadas por el conflicto armado.

En las últimas semanas se han producido dos noticias muy interesantes para la causa de exigir la responsabilidad de los actores económicos que apoyaron graves violaciones a los derechos humanos en contextos de conflicto y represión, como es el caso del apoyo de Chiquita Brands a grupos paramilitares en Colombia, o el de empresas argentinas que financiaron y apoyaron al régimen militar. 

Después del guayabo de la fiesta del fin de año, y de la celebración de la posesión de algunos, hoy se despiertan con tareas a cuestas quienes por los próximos cuatro años liderarán los destinos del país en el ámbito regional. Una de ellas será hacer que sea posible promover paz tras un acuerdo con las guerrillas.

Mi personaje del año es Fabiola Lalinde.

El modelo de desarrollo económico rural propuesto por el Gobierno y aprobado este mes por el Congreso favorece la concentración del uso de la tierra a grandes inversionistas.

Las críticas de Human Rights Watch (HRW) a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) pactada entre las Farc y el Gobierno son importantes y deben ser discutidas. Pero es una exageración inaceptable concluir que el acuerdo es un pacto o una piñata de impunidad, como dijo su vocero José Miguel Vivanco.

Esta semana, con el anuncio del presidente Santos sobre las características de la jurisdicción especial que aplicará a civiles y a los miembros de las fuerzas armadas comprometidos con delitos relacionados con el conflicto armado, se terminó de armar el rompecabezas de la justicia para la paz.