En las últimas semanas se han producido dos noticias muy interesantes para la causa de exigir la responsabilidad de los actores económicos que apoyaron graves violaciones a los derechos humanos en contextos de conflicto y represión, como es el caso del apoyo de Chiquita Brands a grupos paramilitares en Colombia, o el de empresas argentinas que financiaron y apoyaron al régimen militar. 

Después del guayabo de la fiesta del fin de año, y de la celebración de la posesión de algunos, hoy se despiertan con tareas a cuestas quienes por los próximos cuatro años liderarán los destinos del país en el ámbito regional. Una de ellas será hacer que sea posible promover paz tras un acuerdo con las guerrillas.

Mi personaje del año es Fabiola Lalinde.

El modelo de desarrollo económico rural propuesto por el Gobierno y aprobado este mes por el Congreso favorece la concentración del uso de la tierra a grandes inversionistas.

Las críticas de Human Rights Watch (HRW) a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) pactada entre las Farc y el Gobierno son importantes y deben ser discutidas. Pero es una exageración inaceptable concluir que el acuerdo es un pacto o una piñata de impunidad, como dijo su vocero José Miguel Vivanco.

Esta semana, con el anuncio del presidente Santos sobre las características de la jurisdicción especial que aplicará a civiles y a los miembros de las fuerzas armadas comprometidos con delitos relacionados con el conflicto armado, se terminó de armar el rompecabezas de la justicia para la paz.

La prohibición de compartir bienes en los primeros dos años de una unión libre parece ser el resultado de la influencia religiosa en la Corte Constitucional.

Pese a las críticas previsibles que ha tenido, el acuerdo sobre justicia y víctimas que se alcanzó esta semana en La Habana es un paso gigantesco en el camino para construir la paz en Colombia. ¿Por qué?

Regarding the UN General Assembly Special Session (UNGASS) about drugs that will take place in April 2016.