Una cosa es que la deportación masiva de colombianos por el Gobierno venezolano sea una clara violación del derecho internacional, como lo expliqué en mi anterior columna.

Las fronteras están en crisis.

La expulsión ilegal e inexcusable de migrantes colombianos confirma lo poco que importan las libertades básicas en Venezuela, o en países como Bolivia, Ecuador y Nicaragua que apoyaron la medida con su voto. Pero el revés colombiano en la OEA también es fruto de la política internacional del gobierno Santos en materia de derechos humanos.

La transición que vive la rama judicial requiere toda la atención, pues la justicia es muy importante para dejarla a la deriva.

Las deportaciones masivas contra colombianos no solo violan el derecho internacional —como lo mostró mi colega Rodrigo Uprimny—, también violan la Constitución bolivariana y la ley de extranjería e inmigración de Venezuela (Ley 37. 944 del 24 de mayo de 2004).

La expulsión masiva de colombianos por el gobierno Maduro es una inaceptable violación del derecho internacional, como lo muestra un simple contraste de algunos de los hechos conocidos con los principios que rigen internacionalmente la expulsión de extranjeros.

En medio de tanto discurso exaltado sobre la situación que se vive en la frontera con Venezuela recordé un pasaje de El mundo de ayer, uno de mis libros favoritos.

Aún sin haber concluido, las negociaciones de paz entre el Gobierno y las Farc están dando resultados inéditos, que dejan vislumbrar tanto las oportunidades como los retos más difíciles del posconflicto.