“Permítanme contarles mi problema con las chicas”, dijo el Nobel de medicina Tim Hunt en un congreso mundial la semana pasada.

Más allá de los temas de justicia, la reforma al equilibrio de poderes tiene luces y sombras en los otros cambios que le introduce al Estado.

 

Ahora que el proceso de conversaciones en Colombia armará la segunda pata, la justicia,  cabe preguntarse ¿Qué puede aportar la verdad a la justicia?

Las INDH pueden no tener el poder de adoptar decisiones jurídicamente vinculantes, pero su carácter distintivo es empoderar a la gente común de la que obtienen su legitimidad.

La democracia es el gobierno a través de la discusión pública pues pretende que la sociedad adopte decisiones colectivas mejor informadas y más justas, gracias al debate público, racional y transparente, de los asuntos colectivos.

 

Se ha discutido mucho sobre la incidencia que la injusticia social y la debilidad del Estado han tenido en la violencia en Colombia. Pero no se ha explorado el efecto que la cultura y los valores tienen en esa violencia.

 

Cuando se buscan responsables de la crisis de la justicia, se señala a los impresentables: al abogado que dice ante los micrófonos que “la ética nada tiene que ver con el derecho,” o a su cliente, el magistrado que pone en práctica la frase y maniobra para dilatar la investigación que se adelanta contra él en el Congreso.

Los manuales de convivencia son como las cartas blancas de pequeños reinos llamados colegios.

 

La utopía prohibicionista de un mundo sin drogas contenida en las convenciones sobre estupefacientes, firmadas en 1961, 1971 y 1988 son precisamente esta: una utopía inalcanzable.