Al pedir la suspensión de las fumigaciones aéreas con glifosato, el ministro de Salud atendió no solo los dictámenes científicos, sino deberes legales y principios elementales de cualquier política pública.

El debate en restitución tiene que avanzar. Lo dicho por Benedetti, ya había sido atinadamente y con argumentos más sólidos, advertido por el investigador Francisco Gutiérrez en el 2013. La discusión que se debió dar en el Congreso a cuatro años de implementación de la ley, debió haberse metido en la efectividad de la restitución en la etapa posterior al fallo.

Antes de la consulta popular de Piedras, no se había hecho ninguna, pero eso no significa que no fueran obligatorias, mucho menos que no sean legales.

El Procurador tiene derecho, como persona, a estar en contra de la eutanasia, pero es ilegítimo que abuse de sus funciones para imponer su visión religiosa. Eso hizo al presionar al ministro de Salud para que no cumpliera una orden de la Corte Constitucional sobre eutanasia.

En una sociedad justa, el mérito y el esfuerzo se ven reflejados en la remuneración que una persona recibe por su trabajo. Esta idea está bien ilustrada en una célebre frase de Bill Clinton: “si usted trabaja duro y no viola las reglas, puede esperar que el país le dé la oportunidad de tener una vida decente y que sus hijos tengan una vida mejor que la suya”.

Con razón se ha criticado la “compilación exprés” de normas que divulgó la semana pasada el Ministerio de Ambiente, el mamotreto de 732 páginas que, aunque busca reemplazar todos los decretos en la materia, fue publicado sólo tres días antes del cierre del plazo para comentarios.

El llamado de un gran sector de la sociedad a arreciar los ataques contra las FARC y suspender los diálogos de La Habana no es coherente con la indignación ante la violencia y el deseo de construir la paz.

Una de las preguntas centrales para la creación de políticas de diversidad étnica y racial es quién es quién.