Ante la crisis – y las huelgas- en la rama judicial, estos centros de atención alternativa se vuelven más importantes. En qué consisten, qué han hecho y cómo pueden mejorar sus servicios en Colombia. 

En la pasada columna defendí la idea de que deberíamos reformar los referendos y las revocatorias de mandato para pasar de un “umbral de participación” (UP) a un “umbral aprobatorio” (UA).

Michel de Montaigne, el gran pensador del renacimiento francés, decía que los humanos no somos superiores a los animales y que la idea de evadirnos de la condición animal es un orgullo estúpido y terco.

Hay algo de circular, de paradójico, en la defensa del fracking que hace Juan Carlos Echeverry. Dice el hoy presidente de Ecopetrol que “no nos podemos dar el lujo” de no extraer petróleo con esa técnica, a pesar de los graves riesgos que acarrea para el agua y el ambiente.

La imposición de algún costo a las entidades que violan derechos fundamentales es una mejor estrategia para prevenir la congestión judicial que las propuestas recurrentes de pedir más plata y más jueces para la rama.

La reconocida dificultad de alcanzar los umbrales para refrendar un eventual acuerdo de paz o revocar a un alcalde plantea la siguiente pregunta: ¿no será que la Constitución de 1991 se equivocó al prever umbrales para la aprobación de estas decisiones que son altos para Colombia y que además son “umbrales de participación” y no “umbrales aprobatorios”?

Entre lo mucho que se ha escrito después de la masacre de Charlie Hebdo leo un artículo de Michael Walzer que me parece particularmente interesante.

Quizás no haya un mejor homenaje a Carlos Gaviria que una ley. Nada como el derecho —que él defendió a riesgo de su propia vida como intelectual, juez y hombre público— para preservar su legado y ejemplo.