Hace un siglo, cuando mi abuelo tenía 20 años, en Colombia había trenes, existía un servicio nacional de correos, un sistema estatal de salud pública y una empresa nacional de telecomunicaciones; la educación superior de calidad estaba casi toda en manos del Estado, los servicios públicos eran prestados por empresas estatales y en las carreteras no se cobraban peajes porque habían sido hechas por la Nación.

Las reformas son menos apasionantes que las revoluciones. Reclamar desde un micrófono “¡que se vayan todos!” gana más audiencia que un desabrido titular sobre reformar la justicia.

La guerra contra las drogas ha sido, principalmente, una guerra contra poblaciones vulnerables. Entre sus víctimas están muchas mujeres pobres y sus familias.

La negativa del magistrado Pretelt a renunciar por las graves acusaciones en su contra plantea una pregunta, que es abstracta pero relevante no sólo en este caso sino en otros semejantes: ¿existe o no un deber de que un servidor público renuncie en esas circunstancias?

Abelardo De la Espriella, el abogado de Jorge Pretelt, publicó esta semana una columna en El Heraldo, en donde responde a quienes lo criticaron por decir que la ética no tiene nada que ver con el derecho.

No comparto la lluvia de descalificaciones personales contra la senadora Paloma Valencia por su infeliz propuesta de partir el Cauca en dos: “un departamento indígena para que ellos hagan sus paros, sus manifestaciones y sus invasiones, y un departamento con vocación de desarrollo, donde podamos tener vías, donde se promueva la inversión y donde haya empleos dignos para los caucanos”.

Cuánto más difícil es para una víctima de violencia sexual relatar lo sucedido, cuánto mayor debe ser el esfuerzo del destinatario por entenderla.

LAS ACUSACIONES CONTRA EL magistrado Pretelt y los exmagistrados Rojas y Escobar de la Corte Constitucional (CC) son muy graves y no son deleznables. Es sano que generen un fuerte rechazo ciudadano y que exijamos que haya claridad, que se establezcan responsabilidades y que se adopten correctivos más globales. Pero es necesario distinguir entre las posibles culpas individuales y los problemas institucionales de la CC.