La negativa del magistrado Pretelt a renunciar por las graves acusaciones en su contra plantea una pregunta, que es abstracta pero relevante no sólo en este caso sino en otros semejantes: ¿existe o no un deber de que un servidor público renuncie en esas circunstancias?

Abelardo De la Espriella, el abogado de Jorge Pretelt, publicó esta semana una columna en El Heraldo, en donde responde a quienes lo criticaron por decir que la ética no tiene nada que ver con el derecho.

No comparto la lluvia de descalificaciones personales contra la senadora Paloma Valencia por su infeliz propuesta de partir el Cauca en dos: “un departamento indígena para que ellos hagan sus paros, sus manifestaciones y sus invasiones, y un departamento con vocación de desarrollo, donde podamos tener vías, donde se promueva la inversión y donde haya empleos dignos para los caucanos”.

Cuánto más difícil es para una víctima de violencia sexual relatar lo sucedido, cuánto mayor debe ser el esfuerzo del destinatario por entenderla.

LAS ACUSACIONES CONTRA EL magistrado Pretelt y los exmagistrados Rojas y Escobar de la Corte Constitucional (CC) son muy graves y no son deleznables. Es sano que generen un fuerte rechazo ciudadano y que exijamos que haya claridad, que se establezcan responsabilidades y que se adopten correctivos más globales. Pero es necesario distinguir entre las posibles culpas individuales y los problemas institucionales de la CC.

Las sociedades que viven de escándalo en escándalo, como la nuestra, padecen de una especie de esquizofrenia colectiva. Cada hecho de corrupción produce dos tipos de reacciones opuestas: mientras unos, los moralistas, se rasgan las vestiduras y claman por castigos ejemplarizantes, los otros, los cínicos, levantan los hombros y dicen que no ha pasado nada mientras no exista sentencia condenatoria.

Hay dos formas de ver la justificada indignación ciudadana y mediática frente a las gravísimas acusaciones contra el magistrado Jorge Pretelt y los exmagistrados Rodrigo Escobar y Alberto Rojas. Y dos formas de salir de la crisis que significan para la Corte Constitucional.

Romper el silencio de los actores armados sobre la violencia sexual, como lo dijo Bangura –Representante de la ONU- es uno de los primeros pasos necesarios para garantizar la verdad y la justicia a las víctimas.