El señor Procurador de este país es conocido por sus enérgicas convicciones religiosas, las cuales, según dice, iluminan su vida pública y privada.

Como se sabe, la señora Ruth Marina Díaz, presidenta de la Corte Suprema, obtuvo permiso para irse de crucero por el Caribe en compañía de magistrados de tribunal que dependen de su voto para ingresar a la Corte Suprema.

El Estado debe actuar para romper el ciclo de ataques, abusos y amenazas del que ha sido víctima el pueblo Wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta.

En Colombia hay muchos protagonistas del debate político que consideran enemigos a los que no están con ellos. Un ejemplo perfecto de eso puede verse en las declaraciones que dio esta semana José Obdulio Gaviria sobre el general Naranjo y en las cuales sugiere que éste tiene vínculos con la delincuencia organizada.

Hace unas tres décadas buena parte de los servicios públicos eran prestados por el Estado. Así ocurría con la salud, el correo y las telecomunicaciones. Cuando el servicio era malo (lo cual ocurría con frecuencia) la gente protestaba ante el gobierno y a veces, cuando las protestas eran muchas, el asunto se politizaba y era objeto de debate público. Esas protestas y esos debates condujeron, a la postre, a la privatización de esos servicios. Hoy, luego de varias décadas de experiencia con el nuevo modelo privado, las cosas no parecen haber mejorado sustancialmente. La voracidad rentística de los intereses privados y la débil capacidad del Estado para controlarlos han creado una situación que es similar a la anterior.

Algunas semanas atrás escribí una columna en la que hablé de lo difícil que es lograr consensos duraderos en este país. Eduardo Posada Carbó me respondió entonces diciendo que eso era falsa cantaleta divisionista. Yo le contesté, en otra columna, acusándolo de hacer una lectura simplista de mi punto de vista, y él, a su turno, me contestó acusándome de más o menos lo mismo.

La elección de Alberto Rojas como magistrado de la Corte Constitucional me hizo recordar el 1º de diciembre de 1993. Ese día tuvo lugar la elección, en el Congreso, de los primeros jueces permanentes de la Corte Constitucional.

Supongamos que el procurador Ordóñez gana las próximas elecciones presidenciales (los dioses no lo permitan) y que lo hace con un programa de gobierno que promete restaurar la moral, la tradición y la familia. Supongamos que, en desarrollo de ese programa, Ordóñez prohíbe el consumo de alcohol. Muchas cosas cambiarían: cerrarían las fábricas de licores y se acabarían las importaciones de whisky; las rumbas se harían sin trago, etc. ¡Ah!, y claro, muchos violarían la norma, con lo cual prosperarían los mercados negros.

Eduardo Posada Carbó no está de acuerdo con mi columna de hace un par de semanas sobre el actual proceso de paz, en donde hablo de la precariedad de los consensos y de los mitos fundacionales en la historia de Colombia.