Detrás de estos pequeños triunfos hay gente aguerrida que no se ha dejado doblegar por la lentitud del Estado o las violencias que los atormentan.

Dada la situación de violencia en la región fronteriza, la Defensoría del Pueblo de Colombia y organizaciones de la sociedad civil colombianas y venezolanas vienen alertando sobre la grave situación de violencia e inseguridad en esta zona.

Nada hay de malo en impulsar el desarrollo empresarial en el campo o en reglamentar las ZDE, pero eso no debe hacerse en detrimento de la economía campesina y del acceso a la tierra del campesinado, como infortunadamente lo hace este proyecto, que prevé la entrega de baldíos a empresas nacionales o extranjeras, inicialmente en uso por 15 años, pero adjudicables ulteriormente a esas empresas.

No es que Trump mienta y matonee porque carece de ética; es que hace eso porque su ética es tribalista, restringida, válida solo entre los de su grupo.

La prevención de las enfermedades y la promoción de una vida cada vez más saludable va mucho más allá de nuestros sistemas de salud. Tener una mejor salud pública implica observar nuestro entorno para modificar los factores que afectan nuestra salud y calidad de vida.

Juliana vivió 38 años de dolor, de lucha, de resistencia por ser quien era, y cuando murió, un titular tiró a la basura toda esa historia con un pronombre masculino.

El arranque del cumplimiento de la tutela, con las supuestas disculpas del ministro de Defensa el pasado jueves, ha sido decepcionante. Sus declaraciones lindan con el desacato. O al menos adoptan esa fórmula colonial de “se acata pero no se cumple”. Pero el curso puede ser corregido. Presidente, por favor, cumpla integralmente esta sentencia, que es buena para toda Colombia y para el propio Gobierno.

Sobre la violencia que se vive en las regiones, a la que se responde con soluciones ramplonas, para el gobierno no ha sido posible dar cuenta de la sistematicidad en el asesinato a líderes y excombatientes a lo largo de los últimos meses. Por el contrario, la respuesta es afirmar que los últimos hechos de violencia son producidos por el narcotráfico.

Existe un mandato constitucional de implementar las políticas del Acuerdo de Paz de buena fe, pero los resultados de la política del gobierno durante estos dos años parecen ser contradictorios y que la poca paz que hay es inestable y sin duración.