Hay antídotos contra la polarización. Algunos son internos al grupo y entre ellos está la búsqueda de un cierto pluralismo y la apertura mental de los líderes políticos al cambio. Pero los más importantes son los externos o intergrupales, entre los cuales está un sistema democrático fuerte, que fomente la deliberación pública y razonada, y una cultura institucional de respeto a las reglas jurídicas que permita el trámite pacífico y consensuado de los conflictos.

Una interpretación del espíritu del DIH, plasmado en los principios de necesidad militar y humanidad, así como de los estándares de DIDH aplicables a los niños y niñas, llevan a concluir que en cualquier caso el Estado debe evitar muertes excesivas. Nada más excesivo que matar a niños y niñas reclutados en un contexto de debilidad, abandono estatal y discriminación para conseguir una ventaja militar que se podía obtener por otros medios.

La orden de nulidad del título colectivo de La Boquilla ha generado gran incertidumbre en los procesos de reconocimiento de derechos de las comunidades afrodescendientes del Caribe.

Siguiendo el ejemplo del queso, y al igual que las erradicaciones forzadas, la aspersión aérea no tendrá un impacto sustancial en las finanzas de las organizaciones criminales.

La Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas es una luz de esperanza para las familias de los desaparecidos, pues ha empezado a dar resultados, incluso a pesar de la pandemia y el recrudecimiento de la violencia, que dificultan sus labores.

Lo malo de la polarización es cuando el enfrentamiento implica que los contrincantes no se ven entre ellos como compatriotas que piensan distinto, sino como anticompatriotas; como el ejército camuflado de un país enemigo que nos invadió.

Las masacres no sólo destruyen proyectos de vida y tejido social. También obstaculizan la construcción de ciudadanía y la apropiación de lo público a través de la acción colectiva. Como sociedad necesitamos apoyar las exigencias de verdad y justicia que elevan las víctimas cada que esto ocurre.

Como secretario de Educación de Bogotá, Abel Rodríguez logró la gratuidad en la educación primaria, que era un mandato constitucional incumplido y fue un ejemplo seguido después por otras ciudades.

El modelo público-privado de la ciudad de Medellín, conocido como gobierno corporativo, está en peligro por causa de las decisiones que el alcalde Daniel Quintero está tomando en EPM.