En medio de la pandemia es necesario un llamado de atención a las autoridades para que no usen discursos discriminatorios. No se puede convertir a una minoría en el chivo expiatorio de los problemas económicos y sociales estructurales que atraviesa nuestro país. 

Es la Corte Suprema, y no el congreso ni el investigado, quien debe valorar y motivar si la independencia e imparcialidad judiciales, así como los derechos del investigado o de terceros involucrados, se ven perjudicados o beneficiados por la publicidad del expediente.

La pandemia agravará la crisis humanitaria en Venezuela, lo que generará que más personas tengan que migrar y enfrentarse a la crisis económica en Colombia. Por eso es urgente que el Gobierno promueva políticas para una integración efectiva y digna.

La Declaración no es una cosa menor. Los argumentos del gobierno que soportan su abstención deben ser debatidos de forma amplia, transparente y democrática.

Como venezolana, esa manera tan nuestra de no hacernos responsables de las propias desgracias nos convierte no solo en ciudadanos poco reflexivos, sino en individuos incapaces de buscar soluciones a nuestra propia realidad.

Expreso una doble admiración y un doble aprendizaje. A Uruguay, un pequeño país que da lecciones frente a la pandemia; y a una persona cuya vida es ejemplo de dignidad: la comisionada de la CEV Ángela Salazar.

El magistrado Carlos Bernal llegó a la Corte Constitucional para defender una agenda cristiana que supedita la Constitución al Antiguo Testamento, renunció a su cargo después de tres años para salir a litigar con EPM, y desconoce sus propios principios, saliendo por la misma puerta que antes condenaba.

La de Mario es una de las muchas historias que seguro no es de las más dramáticas, pero un buen ejemplo de la necesidad de insistir en la implementación de políticas sociales serias, que garanticen el mínimo vital de los hogares más vulnerables.

Migración Colombia expulsó 59 refugiados venezolanos con el argumento de que habían participado en “actividades que pondrían en riesgo el orden público y la seguridad nacional”. El problema de estas expulsiones 'discrecionales y soberanas' es que se han convertido en la regla y no en la excepción.