Colombia se enfrenta al punto más crítico de la lucha contra la Covid-19: en un lado, nuestro sistema de salud alcanzará en breve su máxima capacidad; en el otro, también se enfrenta a grandes retos sociales y económicos para atajar el avance del enemigo invisible y escurridizo.

El llamado a una constituyente para suprimir las cortes suena a revanchismo contra la Corte, que no ayuda a tener una mejor justicia en Colombia.

La falta de buena disposición para aceptar las reglas de juego institucionales con independencia de sus implicaciones es, a mi juicio, un gran obstáculo para el avance de la democracia en Colombia y por eso, viendo tanta euforia y tanta indignación por la detención del senador Uribe, lo que yo siento es más bien preocupación.

La teología de la liberación rescata el valor que tienen las religiones del mundo cuando se usan sus enseñanzas espirituales para fundamentar las luchas sociales, y así construir una sociedad más justa.

Devolver las tecnologías al debate público, con transparencia y sin miedo, es un imperativo. De no hacerlo, se escaparán de la órbita de los debates democráticos.

A la situación de emergencia desatada por la covid-19, la incertidumbre sobre el futuro y los impactos negativos que ya padecemos no puede añadirse el deterioro de las garantías de los derechos fundamentales.

Hoy, gracias a esas encuestas del DANE, la situación del campesinado ha sido contada. Ahora el desafío es que los campesinos de verdad cuenten para el Estado y la sociedad colombiana.

Si este país tiene algún futuro promisorio, o simplemente un futuro, eso depende de que los gobiernos dejen por fin, después de dos siglos de vida republicana y con constituciones que han proclamado la igualdad de oportunidades a los cuatro vientos, de considerar a los montañeros como ciudadanos de segunda categoría.

Desde los Montes de María, un líder le preguntará al Ministerio del Interior qué medidas ha tomado para proteger el proyecto de vida campesino. Las respuestas deberían importarle a todo el país.