Todos tenemos un deber solidario de evitar la extensión del contagio del coronavirus. Por eso, quienes lideran la “rebelión de las canas” han aclarado que no se oponen a las medidas generales de aislamiento social, sino al trato paternalista y discriminatorio que han sufrido.

La política exterior del gobierno Duque ha sido una colcha de retazos, sin objetivos claros, sin visión estratégica, y manejada con muy escaso profesionalismo. Hay una constante: el interés decidido del Gobierno de Duque por debilitar la supervisión internacional de derechos humanos.

El Consejo de Estado ha decidido esta semana que no es posible, como pretendía el Gobierno, decomisar la dosis mínima de sustancias psicoactivas. Es una buena decisión, pero me temo que este es un tema que seguirá dando mucha lidia y aquí explico por qué.

Otra vez, en un momento crucial para el país, la base para tomar decisiones fue un comunicado de prensa de la Corte Constitucional, no una sentencia.

La ausencia de esta información evidencia que la migración forzada de los pueblos indígenas está siendo invisibilizada por la institucionalidad colombiana, en particular por las autoridades migratorias. 

Cuatro meses después, y sabiendo que esta emergencia sanitaria va para largo, no podemos seguir en ese limbo normativo: requerimos un marco jurídico que permita combatir eficazmente la pandemia, pero preservando la legalidad y nuestras libertades.

En el mundo actual de redes sociales y de hiperinformación, los niños que no aprenden a dudar —empezando por dudar de ellos mismos—, a pensar las cosas dos veces y a analizar son los más vulnerables y, viendo como van las cosas hoy en día, me temo que son la gran mayoría.

Parece más necesaria que nunca la idea de un suelo de dignidad que cobije al menos a las mujeres más vulnerables y que responda a sus necesidades más inmediatas.

El Alcalde propicia una dinámica distractora que juega en contra de la eficiencia y la capacidad de gestión que esperan los cartageneros.