Las soluciones propuestas y establecidas por el gobierno colombiano no parecen haber tenido en cuenta las diferencias culturales, sociales y económicas que existen en las regiones del país, y mucho menos el impacto en las comunidades que causaría implementar una medida homogénea de educación digital.

El gobierno Duque debería reconocer que su exigencia a Cuba de que extradite a los negociadores del Eln no solo viola compromisos internacionales de Colombia, sino que es políticamente inconveniente.

La implementación del pico y cédula hace evidente un problema de fondo: la situación de las personas indocumentadas.

Quién iba a pensar que la crisis del capitalismo salvaje, que los republicanos han promovido como una cruzada desde hace cuatro décadas, no iba a venir tanto de la manera injusta como fomenta la desigualdad, sino de la manera absurda como fomenta la torpeza.

Tras varios meses de confinamiento y medidas de emergencia restrictivas – pero necesarias – para contener la magnitud de la crisis sanitaria, las protestas en medio de la pandemia revelan que las motivaciones sociales y políticas de la ola global de protestas del 2019 no sólo siguen vigentes, sino que han sido exacerbadas

Es fundamental discutir y enfrentar estos problemas. Nadie merece ser obligado a callar su historia.

Para estos líderes, los escoltas, los carros y los esquemas de seguridad deben ser reemplazados por más democracia, más participación ciudadana, más presencia del Estado y más trabajo colectivo.

Las políticas de militarización no deberían continuar, hasta no tener resultados claros de las investigaciones en curso contra miembros de las fuerzas armadas, haya una reestructuración de las mismas y una revisión de la doctrina militar.

Esos comportamientos no van a ser evitados con incrementos de penas ni con aprovechamientos populistas de la indignación social frente a estos crímenes, como intentó hacerlo el presidente Duque al decir que si le tocaba estrenar la cadena perpetua frente a la violación de la niña embera, lo haría.