La comunidad jurídica, los jueces y los congresistas tenemos el desafío de superar esas incertidumbres normativas con un doble propósito: que los gobiernos nacional y locales tengan instrumentos para enfrentar la pandemia, pero igualmente controles adecuados para evitar abusos.

Veamos el lado positivo de todo esto. Es una buena señal que la mayoría de la gente (incluidos líderes sociales y políticos) adopte hoy una mentalidad abierta frente a los avances del conocimiento. Vivimos un momento extraordinario en el que los científicos y los sabios tienen más protagonismo que los políticos.

Es importante reflexionar sobre el nefasto sistema económico que nos rige, y sobre las luchas de los trabajadores que lo han hecho un poco más amable, incluso para muchos que hoy se oponen a las marchas que buscan mejores condiciones económicas y sociales para los más vulnerables.

Urge la implementación de acciones que articulen las orientaciones de prevención, la realización de pruebas para determinar si ha habido contagios y las rutas de atención, con los usos y costumbres de los wayuú.

En el contexto de miedo e incertidumbre por el COVID-19, la apertura al diálogo reflexivo en vez de la polémica polarizante es casi una necesidad vital.

Lo que digo es que hay que sospechar de nuestro usual orden de prioridades, estar atentos al valor de las cosas simples (sin precio) que tenemos a la mano y que solo apreciamos en momentos de crisis.

Esto revela un problema estructural: el Distrito, al momento de decidir sobre la alimentación de las familias más pobres, contempló un solo actor: los supermercados. Nada ilegal, dirán, y tienen razón. Pero, mientras esto ocurría, los campesinos y campesinas de los Montes de María lanzaban gritos al vacío pidiendo apoyo para poder vender sus productos en medio de tres grandes males: el verano, los eternos problemas para sacar la comida de la parcela y la pandemia.

Las políticas migratorias y de atención a la pandemia deben entender esta suma de vulnerabilidades, incorporar el enfoque de género y tomar medidas efectivas para prevenir y atacar las violencias que se derivan de esta triple condición.

Es clave que las autoridades tomen en cuenta la mejor evidencia científica disponible y hagan explícitos los fundamentos de sus medidas.